La colaboración con la Justicia no debe depender del clima político del momento ni de cálculos de oportunidad institucional. Sin embargo, en España sucede lo contrario: las decisiones judiciales y fiscales que afectan a la clase política pasan antes por el filtro del poder que por el estricto cumplimiento de la ley.
Las instrucciones trasladadas desde la Fiscalía General del Estado al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, para evitar una rebaja sensible de condena a Víctor de Aldama por colaborar con la Justicia, resultan especialmente inquietantes. No sólo por el caso concreto, de enorme gravedad política, sino por el mensaje institucional que proyecta. Porque el problema no es únicamente jurídico. Es político.
Si el sistema penal contempla beneficios para quienes colaboran eficazmente con la investigación de delitos complejos, especialmente en causas de corrupción, es porque el propio Estado reconoce que muchas tramas sólo pueden desmantelarse desde dentro. La figura del colaborador no nace de la benevolencia, sino de la necesidad procesal. Sin testimonios internos, muchas redes de corrupción jamás habrían salido a la luz.
Por eso resulta tan perturbador que la respuesta institucional parezca guiada más por el temor al coste político de determinadas revelaciones que por la aplicación objetiva de los mecanismos legales previstos. La pregunta es inevitable: ¿qué teme exactamente el poder?
Porque si la colaboración de Aldama aporta información relevante, verificable y útil para esclarecer responsabilidades, lo coherente sería actuar conforme a criterios estrictamente técnicos. Y si dicha colaboración carece de valor jurídico, bastaría con razonarlo y acreditarlo. Lo que erosiona la credibilidad de las instituciones no es la discrecionalidad motivada, sino la tutela política sobre decisiones que deberían ser independientes.
Y ahí aparece el verdadero problema estructural: la propia configuración de la Fiscalía General del Estado. En España, el fiscal general es nombrado directamente por el Gobierno de turno. Aunque se invoque su autonomía constitucional, la dependencia de origen es un hecho que trasciende a cualquier declaración.
Todos los gobiernos han defendido públicamente la independencia de la Fiscalía mientras preservaban un sistema que plasma lo contrario. Ningún Ejecutivo ha querido renunciar a la influencia indirecta que proporciona controlar el nombramiento de quien dirige el Ministerio Público. Y cuando las investigaciones afectan al entorno del poder, esa realidad se convierte en un problema institucional de enorme magnitud.
De este modo, la Fiscalía no actúa como garante de la legalidad, sino como una estructura jerárquica condicionada por equilibrios políticos. Y cuando eso ocurre, el daño supera cualquier caso concreto.
La independencia judicial no puede reducirse a una consigna vacía mientras la Fiscalía siga funcionando bajo una permanente dependencia política. El daño institucional no proviene sólo de una decisión concreta. Proviene de la razón de Estado consistente en que existen asuntos en los que la verdad judicial debe administrarse con oportunismo político.
