La comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del Senado no ha sido un acto de esclarecimiento político, sino una representación más del teatro institucional de la partidocracia española. Quien espere que de estas comisiones surja la verdad política ignora la naturaleza del régimen nacido en 1978: un sistema de partidos donde las instituciones no buscan la verdad, sino el equilibrio de poder entre facciones.
Durante casi cuatro horas, el expresidente se defendió de las preguntas sobre su relación con los trabajos por los que reconoció haber cobrado cientos de miles de euros durante años, negando cualquier irregularidad o relación con el rescate de Plus Ultra. Pero el interés de la sesión no reside tanto en lo que Zapatero dijo —o dejó de decir—, sino en lo que revela sobre el funcionamiento del régimen de poder español.
En una democracia representativa, las comisiones de investigación son juicios políticos para fiscalizar el poder. En la partidocracia española, en cambio, son escenarios de confrontación partidista donde cada grupo actúa como acusador o defensor según convenga a su estrategia. No se investiga para conocer la verdad.
Se investiga para desgastar al adversario.
La comisión del Senado —dominada por la oposición— busca erosionar al Gobierno y a su entorno político; el compareciente, por su parte, comparece no ante un tribunal imparcial sino ante un coro de acusadores y defensores políticos. El resultado es previsible: acusaciones retóricas, evasivas calculadas y titulares de consumo inmediato. El gobernado no recibe verdad, recibe propaganda.
Sería ingenuo creer que el problema radica en un solo dirigente político. El problema es estructural. En el régimen de partidos, el político profesional no responde ante los ciudadanos, sino ante su partido. Y el partido, a su vez, controla las instituciones que deberían fiscalizarlo. Así se produce el fenómeno característico del Estado de partidos: la impunidad política organizada.
Cuando un expresidente comparece ante una comisión parlamentaria el resultado está condicionado desde el principio, en tanto que quienes preguntan lo hacen con intención partidista, quien responde lo hace con estrategia defensiva, y las conclusiones se redactan previamente en los despachos de los partidos. Por eso, el espectáculo termina siempre igual: sin responsabilidades políticas que se materialicen en modo alguno.
La escena contiene, además, una ironía institucional. El Senado español, concebido teóricamente como cámara territorial (sin ser España un Estado federal), se ha convertido en un nuevo escenario de lucha partidista, utilizada por la mayoría que en cada momento lo controla. Ni justicia ni verdad: sólo conflicto entre facciones.
El debate público se centra en si Zapatero cobró por informes, si influyó en decisiones gubernamentales o si las sospechas son una operación política. Pero esa discusión oculta la cuestión fundamental: ¿Puede un régimen de partidos investigar realmente a sus propios dirigentes? La respuesta es evidente. No, ya que los allí presentes no investigan para esclarecer; investigan para dominar el relato.
La comparecencia de Zapatero no ha revelado la verdad sobre los hechos que motivaron la comisión. Pero sí ha revelado algo más profundo: la naturaleza del régimen político español. Un régimen donde las instituciones no sirven para controlar el poder, sino para administrar la lucha entre partidos con el papel moderador en el reparto de la corrupción de la Corona, por encima de todos ellos.
