A cada reivindicación de los distintos colectivos de la Justicia sigue indefectiblemente, como una tenue sombra, la de los profesionales más maltratados, los que sirven en el turno de oficio. Primero fueron los letrados de la Administración de Justicia, luego jueces y fiscales, y actualmente los funcionarios que sirven en los juzgados. El caso es que sólo a rebufo, como el patito de todo este mundo judicial, surgen las protestas de quienes posiblemente tengan más por lo que quejarse.
La elaboración por un Consejo de Justicia independiente de los poderes políticos del presupuesto de la jurisdicción integrada por todos los operadores jurídicos además de la ventaja de disponer de la información exacta de las necesidades de Justicia, garantiza la independencia de la misma al no generarse pleitesía que recompensar en el desempeño de su función.
Esta integración de las profesiones liberales del derecho en la jurisdicción, en lugar de su actual estatus de colaboradores necesarios, se consigue en el preciso momento en que formen parte del cuerpo electoral que elija a un verdadero órgano de gobierno de la Justicia.
Así se trasmuta el carácter de Administración Corporativa de sus colegios profesionales, como cadena de transmisión presupuestaria del poder político, en el de asociaciones voluntarias de profesionales. El acceso a la profesión, la corrección deontológica y control en materia de honorarios, y, por supuesto, el acceso a la Justicia Gratuita, quedarían en manos de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia como último escalón a nivel regional de la jurisdicción, con competencia para ejecutar el presupuesto del Consejo de Justicia.
No es de extrañar que los colegios profesionales prefieran apoyar cualquier reivindicación ante el Ministerio de los letrados directamente afectados que renunciar a la sinecura presupuestaria de seguir siendo Administración Corporativa dependiente económicamente del poder político.
