Parece que la última visita de miembros del parlamento europeo a España y su interés en el contenido y efectos de las últimas reformas del código penal (la llamada «ley del solo sí es sí» y la rebaja penológica de la malversación) no ha dejado muy tranquilo a nuestro gobierno/legislador.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (ahí es nada) Félix Bolaños, se ha apresurado a viajar a Bruselas para reunirse con dos miembros de la Comisión Europea: la vicepresidenta encargada de valores y transparencia (menos no podía ser), Věra Jourová, y el comisario de Justicia, Didier Reynders.
Por mucho que se diga que se trata de un viaje programado y habitual de simple colaboración institucional, lo cierto es que se trata de apagar el fuego de la no disimulada perplejidad que han causado en la Unión Europea (UE) las últimas reformas. Si a eso añadimos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin renovarse y lo sucedido con el Tribunal Constitucional (TC), no es para menos cuando estamos a las puertas de la presidencia semestral española del Consejo.
Que la burocracia europea aparezca como defensora numantina de la independencia judicial frente a cada nueva vuelta de tuerca gubernamental a la misma que sufre España es un espejismo.
No nos engañemos. La UE es un reflejo supraestatal de las partidocracias continentales que no conciben la independencia de la Justicia del poder político, sino su sometimiento, en el que esta facultad estatal debe parecer como si fuera independiente sin serlo.
La independencia de la función jurisdiccional y su materialización en el CGPJ como órgano de gobierno según su concepción institucional actual es imposible y menos aún creando un órgano estratificado de la Justicia con vocales de jueces por un lado y vocales de políticos por otro que es lo que nos exigen en Europa.
En sistemas de derecho codificado de interpretación técnica, la Justicia solo puede constituirse auténticamente independiente con un órgano de gobierno en el que queden integrados todos los profesionales del derecho mediante la elección de su presidente por elección uninominal, ajena a listas y de manera mayoritaria entre ese mismo censo electoral universalizado dentro del mundo jurídico en su integridad, desde agentes y oficiales hasta magistrados, pasando por funcionarios y profesionales libres del derecho; incluyendo, a simple título de ejemplo, abogados, procuradores, fiscales, notarios, registradores, forenses, catedráticos de las facultades de derecho o policía judicial.
Naturalmente que en la propuesta europea no se aborda la forma de financiación del poder judicial de forma que se asegure su independencia material, sino que insiste en la asignación presupuestaria que acuerde el legislativo al Ministerio de Justicia, con lo que cualquier atisbo de independencia de los poderes políticos queda en mera declaración de intenciones. Así, no hay solución.
