Si los efectos de la retroactividad pro reo produjeron efectos indeseados e irreversibles con la reforma del Código Penal a través de la Ley Montero, llamada del «solo sí es sí», los correspondientes al cambio legislativo del delito de malversación son expresamente buscados para el beneficio de esa élite que son los partidos en el Estado.

No se trata tan solo del evidente fraude legal que se promueve por el gobierno-legislador para beneficiar a personas concretas, transformando así la ley en privilegio, sino que a futuro solventa incómodos problemas al partido en el poder. Y es que lo de Griñán, Puigdemont y compañía se antoja pecata minuta en comparación con el escándalo de la gestión y destino de los fondos europeos, una vez se destape.

Cuando se oye decir en la calle que los partidos son auténticas mafias, poco se sabe  lo mucho que se acierta. No se trata de una expresión retórica ni una hipérbole del gobernado cabreado, sino de una intuición confirmada por la historia del derecho y de las instituciones.

El origen organizativo de la mafia se encuentra en la institución familiar romana. El pater familias era el dueño absoluto de la vida y hacienda de sus miembros, concibiéndose la familia como institución que rebosaba los lazos de sangre para establecer relaciones de dependencia y subordinación mucho más amplias, incorporándose a la familia a agnados y a la clientela.

Los rescoldos de aquella institución familiar latina sirvieron de útil vehículo organizativo para el crimen. El padrino, el Don, es el pater de esa otra familia delincuencial en la que su composición también sobrepasa el parentesco convirtiéndose en gens criminosa, con ceremonia iniciática, códigos y normas de derecho interno propios que incluyen la ejecución de sentencias, incluso de muerte, que tienen como antecedente histórico la primigenia justicia privada romana.

Pues bien, esos mismos lazos gentilicios y criminales son los que rigen la vida de los partidos estatales y su clientela. El pater familiar se convirtió en Don y luego en jefe de partido. El jefe de partido, como el padrino, cuida de su gente, de su familia, en una sociedad de mutuo socorro piramidal y distributiva del producto de sus actividades, en la que los favores se pagan con la obediencia. Y, de la misma manera que no se pueden rechazar, se cobran inexorablemente, según la voluntad suprema del capo.

Es cierto que no existe ningún criterio penológico ni moral que justifique que delinquir en beneficio propio merezca más grave reproche punitivo que robar para terceros o fines políticos, creando redes clientelares para mantenerse en el poder o favorecedoras de otros delitos de extrema gravedad, como la sedición o la rebelión. Pero sólo comprendiendo la estructura mafiosa de los partidos empotrados en el Estado se puede llegar a entender que su acción es más grave aún que el lucro personal, pues lo que se consigue es extender la familia, cuando no directamente procurarse los medios para que prospere el crimen.

La mafia no roba, mata ni trafica para el padrino; lo hace para el beneficio de la organización. Eso no hace menos reprochable el delito, sino que lo agrava por su ontológica peligrosidad social. De la misma forma, que el jefe o jefecillo de partido robe para sí es menos grave que el hecho de que lo haga para su clientela política o con una finalidad que le trascienda.

Por eso, la reforma de la malversación subraya el carácter mafioso de los partidos estatales a la vez que, ya sin justicia privada, se pelean por quien nombra al iudex.