Decía García-Trevijano que no hay crítica constructiva, que toda crítica es destructiva y que otra cosa es asesoramiento. Esto viene a cuento de las quejas que las cuatro asociaciones judiciales han manifestado en un comunicado conjunto por lo que califican como exceso en las críticas que últimamente vienen sufriendo de la clase política por sus sentencias. Piden responsabilidad y moderación en sus declaraciones a los políticos que sufren los efectos de sus resoluciones.
Esa llamada a la moderación y a la responsabilidad de los políticos que deben juzgar no es sino muestra de subordinación. Claman para que su independencia personal sea tolerada sin exigir que su independencia institucional, orgánica, sea constituida.
El artículo 117.1 del texto de 1978 acoge nominalmente la independencia personal de jueces y magistrados, lo que no equivale al reconocimiento de la independencia institucional de la Justicia. Una cosa es ser un juez recto, cabal y probo y otra muy distinta que la Justicia no se encuentre sometida a los poderes políticos por la designación de sus órganos rectores, su presupuesto, estando guiada en su actuación por el principio de oportunidad política.
Por eso dicho precepto habla en plural de jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la ley, ya que la institución judicial es dependiente, irresponsable y sometida únicamente al imperio de la razón de Estado que ordenan los partidos políticos.
Pero es que incluso la independencia personal del juzgador está comprometida. La tendencia centrípeta hacia la concentración de poderes característica del Estado de poderes inseparados es de una voracidad insaciable, y también la amenaza. Así, la reforma del Reglamento de la Carrera Judicial del año 2011 obligó a los magistrados a informar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre sus vínculos con las asociaciones judiciales, de tal manera que los delegados políticos de los partidos en el órgano de gobierno de los jueces, encargado de decidir los puestos y destinos de los miembros del escalafón, conocen de antemano sus afinidades ideológicas.
Porque, pongamos un ejemplo, desde luego no es lo mismo que un juez pertenezca a Jueces para la Democracia que a la Asociación Profesional de la Magistratura a la hora de que se pronuncien los vocales de PP o PSOE en el CGPJ para cubrir la presidencia de una Audiencia Provincial o un Tribunal Superior de Justicia. Se imprime en la toga el hierro de la ganadería correspondiente para hacer fácilmente identificable al candidato.
Los que peor lo pasan son los osados que se atrevan a intentar mantener una escrupulosa independencia y no estén afiliados a ninguna asociación profesional, porque esos, esos, se quedan in albis condenados al estancamiento profesional en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de cualquier pueblo. Para prosperar profesionalmente es obligado significarse políticamente.
