Diez diputados «declarados en busca y captura» (léase la ironía)
Que los diez diputados de Murcia en el Congreso no hagan un frente común para defender la permanencia de la línea de cercanías Murcia-Totana-Lorca-Águilas tiene mucho delito; entre otras cosas, porque es la comunicación de Murcia ciudad con la comarca del valle del Guadalentín.
Otro gallo les cantaría si, en vez de haber sido nominados en las listas de partido por sus jefes, y luego refrendados por los votantes confundidos, hubieran sido elegidos en distritos pequeños, en candidaturas uninominales, con un suplente, y a doble vuelta en caso de no obtener la mayoría absoluta de los electores de cada uno de esos distritos. De esta forma, tendrían que responder ante sus electores y no podrían escurrir el bulto. Se verían obligados a unir sus voces y sus acciones parlamentarias en contra del ejecutivo, de Adif y de Renfe, que prefieren dejar a 1.200.000 usuarios arrojados a la A-7 en miles de turismos y centenares de autobuses, a diario, complicando así el tráfico ya de por sí saturado, y aumentando la accidentabilidad y la contaminación acústica y bioquímica del aire.
No nos representan porque no los elegimos nosotros. Los eligen sus jefes de partido y a ellos se deben.
No nos representan porque no nos defienden a nosotros. Sólo están al albur de los intereses estratégicos de sus jefes de partido.
No nos representan porque la carta otorgada del 78 prohíbe el mandato imperativo de los electores sobre sus señorías. Ellos sólo respetan el mandato imperativo de sus secretarios generales o jefes de partido estatal.
No nos representan porque esos mismos diez diputados han sido los que han elegido al presidente del ejecutivo para su investidura. No hay, por tanto, separación entre el poder ejecutivo y legislativo. Es decir, no hemos elegido presidente ni representante de distrito porque no hay democracia en España. Por eso las cacicadas y las afrentas, una tras otra, y de uno y otro lado.
Los diez diputados murcianos se encuentran en «busca y captura», huidos de sus funciones de defensa de los intereses de toda una comarca, y, por ende, de toda una región española demasiado acostumbrada ya a las cacicadas del poder de turno.
