El PP recurrió al TC la «Ley del Enchufismo» del PSOE y ahora la mantiene con Cs y el apoyo de VOX. Tras haber presentado en 2011 el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la conocida como «Ley del Enchufismo», ahora, según indica Luis Escribano, «como suele pasar en esta partidocracia una vez alcanzado el poder, el PP se ha olvidado de todos los motivos que utilizó en dicho recurso y ahora se aprovecha en Andalucía de lo que hizo el PSOE en solitario —y luego con apoyo de IU y Cs— para su beneficio particular: nombramientos de cargos directivos a dedo, contratación de personal sin oposiciones, uso de fondos públicos sin fiscalización previa (sin control efectivo), etcétera». Y lo hacen sin el menor pudor, pues como sólo representan sus propios intereses de facciones del Estado, no tienen que dar cuentas a los ilusos votantes que sostienen su modo de vida parasitario.
Polémico referéndum sobre el burka en Suiza. Francisco Lázaro señala que el recurso de la clase política a los referéndums en casos como el aludido en el artículo, ilustra su dejación de responsabilidades y su incapacidad y falta de deseo de afrontar planificaciones a largo plazo: «¿Qué hay de los valores supremos de la cultura europea? Sí, esos que ha costado siglos de penuria y guerras de religión consolidar en nuestro actual modelo de convivencia basado en las ideas ilustradas, la tolerancia, el progresismo laico y la igualdad. A lo peor es que ya no merece la pena ni reflexionar sobre ellos. Estamos tan acostumbrados que pensamos que la buena fruta es un regalo de la naturaleza que ya ni siquiera nos molestamos en cuidar del naranjo. Además, defender la cultura occidental es de fascistas. Ningún político profesional de nuestros días se arriesga a dar un paso al frente en este sentido por temor a que le puedan acusar de oscuras militancias ideológicas preconstitucionales. Las consultas populares parecen el remedio más cómodo, incluso en aquellos casos para los cuales no sirven. Total, ¿qué más da? Como las consecuencias las van a pagar otros en un futuro lejano…».
Alberto Iturralde y Emilio Triviño muestran como el transfuguismo político es un claro síntoma de la partidocracia: el secuestro de la representación política por parte de los partidos políticos. Así, los tránsfugas, por una parte, no adoptan tal actitud para representar a los votantes, sino para servir a los intereses del jefe de otro partido, y tales órganos del Estado, los partidos, por su parte, asumen de un modo absolutamente natural que cualquier representante político sólo lo es de los intereses de sus jefecillos de cada momento. De modo que cuando los medios de comunicación del régimen hablan en modo de escándalo del transfuguismo parten de la perversa premisa previa de que la política es un monopolio exclusivo de los partidos.
El Gobierno inicia la reforma de la ley franquista de secretos oficiales. La razón de Estado no necesita ser justificada, sino meramente invocada, pues la única moral de éste es la autoconservación. Así, el Gobierno partidocrático actual pretende acometer una reforma de la Ley de Secretos Oficiales franquista aún vigente, para seguir dejando al puro arbitrio de las instancias gubernamentales implicadas la desclasificación de documentos y su momento, sin que se establezcan plazos claros de caducidad, igual que ocurría en la dictadura, solamente que entonces era Carrero Blanco quien daba las directivas.
Bruselas pide a Sánchez que retire definitivamente la reforma del sistema de elección del CGPJ. La partidocracia europea le pide a la española que se corte un poco con esa polémica «reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que rebaja de tres quintos a mayoría absoluta el umbral para elegir a los 12 miembros procedentes de la carrera», pues las recomendaciones de la UE «reclaman reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial y acabar con la imagen de politización del órgano de gobierno de los jueces». Es decir, que se disimule un poco en el control del poder ejecutivo (que controla a su vez al legislativo) sobre la potestad judicial, y que se siga con la desvergüenza pública de afirmar que existe «separación de poderes», cuyo sentido es el —inexistente— control mutuo.
Alberto Iturralde y Emilio Triviño recuerdan la denuncia de 2.500 jueces a la Comisión Europea de la «colonización» por parte del poder ejecutivo del llamado poder judicial (acción que ha llevado al Gobierno —«Justicia», dice el Diario Oficial de la Mañana— a retirar su propuesta de reforma). Señalan que no puede «estar en peligro» —como dicen dichos jueces— lo que no existe, en este caso, la separación de poderes en origen. La independencia judicial no consiste en que cada juez pueda emitir libremente su sentencia, sino en que exista una independencia orgánica, materializada en que el órgano de gobierno de tal poder sea elegido por todos los profesionales que tengan una relación directa con el ámbito judicial.
Tras analizar el polémico enfrentamiento en la SER entre Rocío Monasterio y Pablo Iglesias en la campaña electoral para las votaciones el 4 de mayo en Madrid, el conocido youtuber Roma Gallardo defiende la abstención electoral activa como único medio pacífico para que políticos cínicos, que viven unos de otros, de crear miedo y enfrentamientos ideológicos en la sociedad en su propio beneficio, caigan junto con el régimen partidocrático que encarnan.
Para dichas votaciones se ha montado un parque temático del odio guerracivilista, donde, en vez de piñatas, se ofrecen paquetes con balas y navajas. Nada se dice, en cambio, pues a nadie le importa, ni a los partidos del régimen, sólo interesados en mantener o aumentar su cuota de poder en el Estado, ni a los medios de comunicación que sostienen a unos y a otros (que no constituyen un contrapoder como decía Antonio García-Trevijano, sino aspirantes a subvenciones) sobre la situación de pandemia y la influencia que puede tener en su recrudecimiento las concentraciones de fieles-votantes. Barra libre a la ignominia de consolidar en urnas donde no se elige a nadie un régimen de poder corrupto. No votes.
