La sentencia de Audiencia Nacional acordando dejar sin efecto el cese del coronel D. Diego Pérez de los Cobos revela mucho más que el simple mal hacer del ministro Marlaska, como recoge la prensa. Evidencia la inexistencia de una auténtica policía judicial, cuestión que no recogen los medios de comunicación hegemónicos.

El cese del mando de la Guardia Civil se produjo tras la elaboración de un informe sobre la manifestación del 8-M por la unidad a su cargo comisionada como policía judicial por el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid. Dicho informe era determinante para la citación en calidad de investigado del delegado del Gobierno en Madrid D. José Manuel Franco por autorizar la concentración en las consabidas circunstancias sanitarias.

En una sentencia de setenta páginas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera nula la destitución y ordena restituir en su puesto al coronel del instituto armado por entender que se trata de una reacción ilegal frente a su negativa a informar a Marlaska del desarrollo de las investigaciones. Es decir, se le destituye por negarse a infringir el deber de sigilo que le exigía informar tan sólo a la magistrada instructora.

Lo sucedido no es novedad. Ya ocurrió con el llamado Caso Faisán en el que las filtraciones de la fuerza pública dependiente del Ministerio de Pérez Rubalcaba, adscritas al juzgado que investigaba la red de extorsión de la banda terrorista ETA, abortaron la detención de su cúpula por motivos de oportunidad política. Eran los tiempos de la negociación del «alto el fuego permanente».

Si esto ocurre, si estas indeseables situaciones se producen, es porque la policía judicial como tal no existe. Se llama así a la simple asignación funcional de unas cuantas unidades de la Policía Nacional y Guardia Civil a determinados Juzgados, pero dependientes orgánica y presupuestariamente del Ministerio del Interior como el resto de las dedicadas al mantenimiento del orden público. 

Así las cosas, resulta impensable que el juez instructor investigue y controle con mínimas garantías las conductas ilícitas de quienes ostentan el poder político, pues los instrumentos que para ello tiene dependen en su organización, medios y economía de aquellos a quien supuestamente también deben investigar y controlar.

El ejercicio de la fuerza por una autoridad pública que se vigila así misma resulta ilimitada, convirtiéndose en simple represión, cuando no en directa garantía de impunidad de los poderosos.

Para la existencia de una Justicia independiente resulta imprescindible la existencia de una auténtica policía judicial únicamente dependiente de jueces y magistrados, bajo la dirección y organización de éstos y dotada presupuestariamente por un órgano rector de la Justicia auténticamente independiente y separado de los poderes políticos.