En la primera parte —ya publicada— de este artículo hablé de los costes de la corrupción, hayan sido estos cuantificados y tasados, u ocultos.

Se trata de una corrupción que en España atañe mayoritaria y directamente a los partidos incrustados en el Estado y que ha generado un modelo genuinamente «transversal» dado que afecta a todos ellos.

La corrupción política de la España actual tiene su origen en el consenso fundador posfranquista, un pacto entre los partidos que pugnan por la conquista del Estado y su posterior saqueo. De ahí deriva el extraordinario número de casos —más de 100 al año entre los años 2000 y 2018— y las escandalosas cifras de corrupción —superando ampliamente los 124.000.000.000 euros—.

El régimen de partidos ha perfeccionado su sofisticada maquinaria, bien sea para la financiación ilegal, para el pago de campañas electorales, para el establecimiento de redes clientelares, para la fundación de un universo de empresas y organismos públicos creados ad hoc para pagar con un despacho al fiel tiralevitas del partido, o bien para favorecer a familiares y amigotes con un ocioso destino galdosiano a cuenta del erario público. No existe control alguno sobre sus actuaciones. Sus empleados, los que integran las listas, gozan de un sistema prebendario de uso exclusivo (manga ancha en todos sus negocios, situándose por encima de sus propias leyes, gracias a los aforamientos). Gestores eficacísimos de los sobrecostes, los partidos del Estado, con sus perversas alianzas, son los que succionan la savia y los recursos más valiosos de la sociedad.

Si un sistema político genera corrupción, creando una extractiva industria política, deja de ser un sistema político y pasa a convertirse en un régimen de poder; un régimen fundamentado en todo tipo de corrupciones, desde las primeras traiciones fundadoras a la corrupción moral, de las ideas, o la económica.

Los controles sobre la corrupción política en la partidocracia española son sólo apariencia (véase como se vetan las comisiones de investigación parlamentarias porque el investigado tiene mayoría sobre los que piden la rendición de cuentas) como lo es también la separación de poderes o la independencia judicial.

Ante tan bajo precio, es lógico inferir que la corrupción haya devenido en metástasis.

Tampoco hay que esforzarse mucho para colegir que no existe, ni puede existir, ninguna solución final para el problema de la corrupción. Pero sí sistemas más eficaces de control.

No es asunto de tener confianza o fe en el denominado representante político, sino de que exista presión ciudadana en la fiscalización de su gestión. Este tipo de fuerza sólo es susceptible de producirse en un sistema representativo de distritos pequeños, con la suficiente competencia entre los candidatos a ocupar el cargo, a sabiendas de que la confianza depositada en ellos tendría un alto coste si se llegara a traicionar.

Llegar a escuchar la voz de los partidos débiles y candidatos independientes, integrados en la sociedad civil y pegados a las aceras de su distrito, sería el resultado del paso de un Estado de corrupción sistémica a un Estado de baja corrupción. Aquellos se harían fuertes ante los malos gobernantes mediante el compromiso adquirido con sus electores, sometiéndose al escrutinio ciudadano y al de sus rivales políticos que, extremando las medidas de vigilancia, fundamentadas en la desconfianza de origen, convertirían en menos apetecible, por las consecuencias, la transacción corrupta.