La verdad es que apellidarse Bozal y ser el delegado político encargado del control de la justicia en una comunidad autónoma es toda una declaración de intenciones. Si se trata de una autonomía gobernada por el nacionalismo periférico la acción de sometimiento se adereza con la extravagancia del particularismo. Esto, en materia de Justicia, además de estrambótico suele tener el añadido de la lesión a un derecho individual tal elemental como es el de la defensa.
Dña. Pilar Fernández Bozal, Consejera de Justicia de la Generalidad de Cataluña, ha manifestado en declaraciones a Catalunya Rádio que el Govern tiene la obligación de proteger “los derechos lingüísticos” y que por ello asumirá el coste de traducción al catalán de los pleitos que se sigan en Madrid. Lo que Fernández Bozal no ha aclarado es si tal intención afecta a los asuntos que iniciados en sede territorial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se tramiten luego por vía devolutiva en órganos ubicados en la capital como el Tribunal Supremo o el Constitucional, o también a aquellos en que siendo parte un catalanohablante quiera hacer uso de esa lengua en cualquier tribunal que radique en la Villa y Corte y por extensión en cualquier otro órgano y sede donde el catalán no sea lengua oficial.
La Consejero ha asegurado que ya ha hablado del tema con el Ministro de Justicia D. Alberto Ruiz-Gallardón “porque la Generalitat tiene la responsabilidad de garantizar a sus ciudadanos el derecho de opción cuando tienen que acceder a los tribunales”. En la misma entrevista radiofónica, Bozal fue preguntada por las tasas proyectadas por el ejecutivo de Artur Mas a imponer a los usuarios de determinados servicios de la Justicia. Bozal confirmó su mantenimiento independiente y adicionalmente a las que ya ha anunciado Gallardón para todo el territorio español. “Nuestras tasas son autonómicas porque son por el apoyo que la Generalitat de a la Justicia en materia de medios personales y materiales, es decir, que en este ámbito el estado no puede poner tasas”. A las claras: Los catalanes pagarán más por la utilización de la Justicia.
El comportamiento de los políticos tratando a la Administración de Justicia sólo como Administración olvidando que la Justicia es su razón de ser se traduce en su burocratización. La ley procesal prevé ya los elementos disuasorios al litigante temerario, desde la condena en costas al que resulte vencido hasta la imposición de adicionales efectos económicos por declaración esa mala fe en la prosecución de acciones. No es de extrañar que cuanto más burocrática es la justicia más apremios, cargas y tasas administrativas conlleve, y si son varias las administraciones que sojuzgan la Justicia, que estos gravámenes se acumulen unos sobre otros. Caamaño las instituyó, Gallardón las sube y las autonomías las duplican.
Fotografía de Jose PPC
