Si nos situamos frente a un espejo y repetimos mecánicamente el propio nombre, observando nuestro rostro, el movimiento de nuestros labios y con la mirada fija en el intimidatorio reflejo de nuestros ojos, tendremos la sensación de que ese nombre nuestro ya no somos nosotros, el nombre por el que todos nos conocen ya no nos define.
Pasa lo mismo con algunas palabras. Con la «democracia», por ejemplo. A fuer de repetida y utilizada es capaz de adoptar cualquier significado. Sin tener que esperar mucho escucharemos expresiones como «democratización del clima» o majaderías similares.
Pero esta vez me centraré en otra cuestión: en la tan manoseada, y a la vez inexistente, separación o división de los poderes del Estado. Tal separación no existe en España. Se trata en todo caso de una separación de funciones en un único poder. Poder que detentan los partidos políticos estatales. Partidos financiados por el Estado y que finalmente representan a quien les paga y en ningún caso a quienes dicen representar, a los ciudadanos. Sin embargo, de eso ya hablaremos en otra ocasión.
Bien extendida está la opinión de que la separación de poderes es la del poder judicial únicamente. Esto es un engaño más de nuestro nefasto sistema antidemocrático. La verdadera separación de poderes se ha de dar entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Quien gobierna no puede legislar pues, al hacerlo, como ocurre en una monarquía de partidos como es la nuestra, se hurta a los ciudadanos ese derecho; el derecho de legislar mediante un diputado que lo represente. En palabras de Francisco de Miranda, «dad al cuerpo legislativo el derecho de nombrar a los miembros del poder ejecutivo y no existirá ya la libertad política. Si nombra a los jueces, no habrá libertad civil».
Al no existir en España la representación política del ciudadano en la forma de un diputado uninominal de distrito, elegido directamente por la ciudadanía, a doble vuelta y por mayoría absoluta, la cámara legislativa secuestrará o se dejará secuestrar por el poder ejecutivo, toda vez que a los diputados los ha sentado en su escaño el jefe del partido correspondiente y no la ciudadanía, por lo que únicamente representará al jefe del partido que allí lo sentó.
Respecto del poder ejecutivo, tampoco resulta de la elección directa de los votantes sino del pacto entre los partidos. Lo nombra el legislativo. Esta es una anomalía que destruye uno de los fundamentos de la democracia: la elección de los gobernantes por parte de los gobernados. Los programas electorales carecen de valor porque con el pacto entre opuestos, traicionan al electorado incumpliendo su compromiso con él.
El denominado poder judicial, que en realidad no es un poder sino una facultad estatal, también está manchado en origen. Claro que hay jueces independientes —gente valiente, sin duda—, pero existe un CGPJ en el que los partidos, dependiendo de sus cuotas de poder en forma de escaños, colocan a sus afines en los puestos relevantes. Lo mismo pasa con el Tribunal Constitucional. Además, tampoco disponemos de una verdadera policía judicial, sino que es la Guardia Civil o la Policía Nacional quien cumple con dicha función. Este punto es importante puesto que estos cuerpos son dependientes del Ministerio del Interior. Entonces, ¿quién debería elegir al organismo de gobierno de jueces y fiscales? Pues entre todo el orbe jurídico. Desde jueces y fiscales hasta secretarios judiciales, abogados o notarios. Sólo de esta forma se puede garantizar su independencia.
