La mente común arrastra la creencia secular de que una cosa es la teoría de un nuevo ideal político -en nuestro caso la República Constitucional- que siendo racional sería irrechazable, y otra muy distinta la posibilidad de que su puesta en práctica mantenga y ratifique la integridad sistemática de la teoría, incluso en el caso de que su potencia venciera la resistencia del régimen de poder establecido -en nuestro caso la Monarquía de Partidos.
Lo que se admite en las ciencias aplicadas, en las empresas tecnológicas, en los juegos constitutivos de sus propias reglas y en las obras geniales de arte, se rechaza en la política. Donde se piensa que lo bien concebido en teoría se realiza mal en la práctica, por las exigencias de su traducción y adaptación a la realidad de la condición humana. Por eso se temen los cambios.
Sin teoría alguna de la libertad y la democracia, sin esquema de acción inteligente, los autores de la Constitución justifican las incoherencias, incongruencias y contradicciones de la misma, asegurando que hicieron lo mejor de lo que se podía hacer, y no lo que se debía hacer por la libertad política, en la circunstancia excepcionalmente favorable de la muerte de un dictador.
Polybio solo convirtió en lógica lo que solo era historia. La de una antigüedad carente de teoría política de la República. Su creencia de que a las dictaduras suceden las oligarquías, era una construcción mental a posteriori de los hechos, como también lo son todas las teorías políticas de la modernidad, concebidas con talento descriptivo, a toro pasado.
Ninguna de ellas ha sido concebida para que, en lugar de justificar los hechos del pasado (legitimismo) o del presente (situacionismo), imagine los acontecimientos que puedan ocurrir en el futuro, y los encauce en la dirección que les permita realizarse, en la historia procesual de las realidades políticas, mediante el esquema de acción colectiva que se derive o deduzca de la potencia de una idea política, fundamentalmente realista.
Mi reflexión actual continúa desarrollando las que expuse en los ensayos sobre materia y forma de la República, editados en este blog el 2 de noviembre y 30 de octubre de 2006, respectivamente. Pues tanto la materia como la forma republicanas son potencias. Potencia material, en tanto que posibilidad lógica o ideal. Potencia espiritual, en tanto que capacidad real, hiperactiva y dinámica de actualizarse y ser ratificada por los actos.
La verdadera potencia no es una posibilidad. Como dijo Leibniz, “siempre hay en ella tendencia y acción”. En virtud de esa tendencia, he considerado que la potencia republicana, la de su materia civil y la de su forma constitucional, constituyen verdaderas ideas-fuerza o, como lo expresó Descartes, “poder suficiente de la potencia dispuesta a la acción”. La conocida objeción de Hume (nada hay que facilite la idea de poder en el antecedente para producir el consecuente) quedaría superada, si la inteligencia y la intuición del espíritu republicano deducen, de la potencia o idea-fuerza que lo produce, el esquema dinámico de la acción a la que tiende y reclama.
Se puede afirmar que la potencia es la única invariante en las fluencias de lo real. Su operatividad unifica los acontecimientos en el sentido de la tendencia que la define, no como complemento de fuerzas subjetivas voluntariosas, sino como principio de actuación y de actualización de la realidad intuida que contiene.
A diferencia de las potencias mecánicas, las espirituales no unifican las acciones como el motor causa y uniforma los efectos que produce, sino como el imán atrae a las partículas inmóviles que, permaneciendo diferentes, caen en el campo de su imantación. La difusión de la idea constitucional de la República irá removiendo las conciencias y orientando los intereses conforme a la atracción de ese imán constituido en cada mónada.
El esquema de acción política se integra, pues, en la teoría pura de la República, como última reflexión del intelecto republicano y primer guión intuitivo de la acción para la operatividad y eficacia del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional.
