RAFAEL MARTIN RIVERA.
Es fácil quedarse perplejo ante la cantidad de sandeces que pueden llegar a decirse en nuestro país y en su entorno más cercano, en un espacio de tiempo tan corto. El asunto de la famosa carta de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Dña. Viviane Reding, remitida al Secretario de Estado para la Unión Europea, D. Íñigo Méndez de Vigo, en contestación a una previa de éste, en relación con la pertenencia a la Unión Europea de una supuesta Cataluña independiente, le deja a uno boquiabierto. No más que las primeras declaraciones de la señora comisaria sobre la existencia o no de una norma de Derecho internacional público sobre sucesión de Estados en materia de calidad de miembro de una organización internacional o en materia de tratados.
Que el personajillo este de chistera y alpargata, Sir Arthur Mas, desconozca el Derecho internacional público no es de sorprender, como tampoco es de sorprender que el presidente del Gobierno que padecemos no haya sido asesorado convenientemente en la materia para responder, clara y rotundamente, a semejante majadero sobre el asunto de marras, pero que la señora comisaria se traiga este trajín epistolar con un miembro del cuerpo diplomático español y que, a más abundar, se jalee lo del «punto de vista español», es insólito. Como insólito es que después del comunicado de la susodicha, el Gobierno español respire aliviado. No hablaremos ya del diplomático en cuestión, que en el mes de julio lió una auténtica zapatiesta con Francia y con Italia, amparado por la propia Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Exteriores. Ante semejante barullo, uno se pregunta si entre tanto canelo hay un solo jurista que haya superado el segundo curso de la Facultad de Derecho en la UCM, no ya el de Relaciones Internacionales en Georgetown.
Con que simplemente hubieran echado una ojeada al intemporal manual de Pastor Ridruejo, sabrían perfectamente que fuera del «proceso descolonizador» –y alguno tendrá todavía la ocurrencia de decir que Cataluña es una colonia– el «principio de continuidad» no se aplica a la calidad de miembro de una organización internacional, y que ese mismo «principio de continuidad» encuentra excepción en materia de tratados conforme a las siguientes reglas: si los Estados interesados convienen otra cosa; o si se desprende del tratado o consta de otro modo que la aplicación del tratado respecto del Estado sucesor sería incompatible con el objeto y fin del tratado, o cambiaría radicalmente las condiciones de su ejecución. Estas reglas que se encuentran codificadas en la Convención de Viena de 1978, no son ninguna ocurrencia sino que están basadas en la costumbre internacional y en la práctica de los Estados, como acertadamente señalara hace más de tres décadas la Comisión de Derecho Internacional.
E insisto, que Sir Arthur Mas sea un auténtico ignorante en la materia, y se marque un farol de órdago a la grande y a la chica, sin pares ni juego, cuando a lo más debería haber pedido mus, es del todo normal y apenas sorprende a nadie. Pero que todo un Ministerio de Exteriores, un asesor de Presidencia y el propio presidente del Gobierno tengan que andarse con notas, cartitas y desmentidos con la Comisión Europea que, por cierto, ha demostrado ya con creces sus nulos conocimientos jurídicos –véase cuando se habló de la salida del Euro de algunos países y/o su expulsión–, le deja a uno, de nuevo, sin palabras.
A Sir Arthur se le debería haber aclarado desde un principio, y sin que hubiera lugar a dudas, que una Cataluña independiente tiene absolutamente cerradas todas las vías por el Derecho internacional público; que ni UE ni OTAN ni ONU ni nada de nada; que semejante secesión no tiene cabida alguna ni en nuestro ordenamiento jurídico ni en el Derecho comunitario, y que si continúa con estas proclamas a lo Patrice Lumumba lo único que va a conseguir es seguir haciendo el ridículo. Pero eso –tengo la impresión– forma parte de su esencia.
