¿Qué se puede esperar de un régimen político como el español, basado en el pacto de la Transición?. En aquella carta otorgada -llamada por los protagonistas Constitución del 78- se consagra la división de España en regiones y nacionalidades. El famoso “café para todos”: había que repartir el poder entre todos los amigos y miembros de partido. Todo aquello generó los 17 neo-Estados, y claro, todos debían tener esa suntuosidad propia de un Estado: parlamentos, gobiernos, consejeros, nobles edificios, gastos de Estado, embajadas en el extranjero, cajas de ahorros, empresas públicas, etc. Y aquellos ingenuos creyeron que así se podría anegar y asfixiar el ímpetu nacionalista y separatista de catalanes y vascos. No sabían o no querían saber que ansiaban ser diferentes, querían no parecerse a otros, no soportaban que otros fueran iguales.
¿Qué se puede esperar de una Ley Electoral que no separa los poderes (Legislativo y Ejecutivo) en origen y que favorece la ligazón y el dominio del Ejecutivo sobre el Legislativo?
¿Qué se puede esperar del sistema electoral proporcional y listas de partido, que impide la formación de mayorías absolutas y hace depender la formación de dichos gobiernos de pactos entre las cúpulas de los partidos?
¿Acaso olvidamos que cuando muere Franco y se realizan las primeras votaciones, los partidos favorables a la idea separatista eran notablemente inferiores en porcentaje de votos y diputados? ¿Olvidamos que ese porcentaje y número de diputados ha ido creciendo conforme se han hecho necesarios pactos entre los nacionalistas catalanes y los partidos PP y PSOE para formar Gobierno? ¿Qué han hecho si no los socialistas de Felipe y Zapatero y los populares de Aznar y Rajoy más que pactar y obtener sus favores (en forma de apoyo a la formación del Gobierno y elaboración de presupuestos) a cambio de cesiones, competencias y privilegios?
¿Acaso se puede esperar otra cosa que aumento de separatismo en un territorio donde se adoctrina y se educa en el odio al resto de españoles y en la cultura de que “nosotros somos diferentes de los demás”, “somos mejor que los demás” y “todo lo malo que nos sucede a nosotros es por culpa de los demás”?
La Constitución del 78 fue redactada en secreto por 7 diputados elegidos por sus jefes de partido, y eso fue descubierto y publicado por un gran periodista, Pedro Altares, Director de Cuadernos para el Diálogo. No hubo elecciones a Cortes Constituyentes, fueron unas cortes legislativas las que redactaron y aprobaron esa constitución, para luego dársela a los españoles a refrendar en un plebiscito.
Consecuencia de aquel gran esperpento es este régimen de partidos estatales, la ausencia de representación política del elector, la ausencia de separación de poderes y la dependencia de la Justicia del reparto proporcional entre los partidos instalados en el Estado de sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
Consecuencia también es la ausencia de control por parte de los ciudadanos de los poderes del Estado.
Susan Rose-Ackerman, una de las más prestigiosas expertas mundiales en corrupción, profesora y codirectora del Centro de Derecho, Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Yale, ex consultora del Banco Mundial y autora de decenas de artículos y de libros, ha llegado a la conclusión de que “De acuerdo con los estudios estadísticos, la peor combinación, la que más alienta la corrupción, es la de un sistema político basado en un presidente con amplios poderes y legisladores elegidos por un sistema de representación proporcional”. Prácticamente ha descrito al régimen español.
Las siniestras elecciones habidas en Cataluña no han sido más que votaciones para saber cual de los dos bloques estatales, el que se dice partidario de la Constitución o el que se dice partidario de la “nación catalana”, tiene mayor cuota de poder estatal. Lo único que ambicionan es poder estatal, porque todos los partidos o facciones que compiten son órganos del Estado y en ese sentido sólo ambicionan poder en el Estado. Les da igual la nación, no les importa nada quien dicen representar, se olvidan de los distritos electorales y de sus habitantes, y acuden al parlamento a votar por mandato imperativo de sus jefes de partido. Sentadas sus posaderas en los escaños del parlamento, se olvidan de los electores porque estos diputados son propiedad del Estado que es quien les paga, les otorga privilegios y les mantiene.
Lamentable pero previsible: con estas reglas de juego no se podía esperar otra cosa.
