Igual que el Terror puede considerarse, según D. Antonio García-Trevijano, la Inquisición de la revolución francesa, es dado hacer lo propio con Hacienda en la partidocracia española. Este órgano del Estado resulta particularmente lesivo para los súbditos del régimen por su doble vertiente, la de organismo sangrador, por un lado, de sus bolsillos para el sostén del pantagruélico estado clientelar y parasitario con sus 17 miniyoes a modo de reyes de Liliputh insaciables, y, por otro, la de bastión insoslayable de la fe en la Partidocracia como el mejor de los regímenes posibles, que no composibles, como decía Leibnitz.
Prueba de ello, es el santo temor que inspira la Hacienda, cuya elevadísima presión fiscal es causa directa del empobrecimiento progresivo de las clases medias españolas, y de su progresiva dependencia de las limosnas sociales del Estado. Si Dios ha muerto culturalmente, como decía Nietzsche, es ésta la que ha tomado el relevo del antaño salutífero temor de Dios. Así, cualquier notificación de la Cosa provoca en el pequeño súbdito temor y temblor (timor et tremor) evangélico, pues presiente que sus juicios son definitivos e inepalables, a la par que tremendamente onerosos al más mínimo desliz fiscal, sea intencionado o no. De tal suerte que los errores en las declaraciones del IRPF se saldan con una multa que supone mínimo la mitad de la cantidad declarada incorrectamente, más los intereses de demora, que pueden ser no pequeños, si como es frecuente, Hacienda espera hasta el tope legal (5 años) para comunicar su infracción al pecador fiscal. Este desvergonzado afán recaudatorio lleva a casos en los que Hacienda insiste en el cobro incluso cuando el infractor no ha sido notificado correctamente en su domicilio, sino en ajeno. Si al asustado interfecto no se le ocurre ir a los tribunales económicos pertinentes, sufrirá esta arbitrariedad y pagará religiosamente stricto sensu. Si, por el contrario, logra vencer su supersticioso temor y recurre a los tribunales, ganará claramente el pleito, como ocurre en más de un 51% de los litigios que se inician contra Hacienda.
Esa arbitrariedad vergonzosa se combina con el recordatorio recurrente de nuestra condición de pecadores (… somos todos), y de nuestra obligación de contribuir al sostenimiento del Estado, es decir, a la gestión de la clase política oligárquica en su propio beneficio y en el de la oligarquía económico-financiera. Contamos con dos ejemplos muy recientes de este inmundo proceder: la reciente amnistía fiscal anulada por el Tribunal Constitucional que ha premiado a delicuentes fiscales de importantes familias políticas y de banqueros (pues muchos son los llamados, y pocos los elegidos), y la venta al Banco Santander del Banco Popular por la cantidad de un euro, que es la noticia que retumba en las redes. Nadie dice, empero, que el Santander recibirá de la Agencia Tributaria hasta 5.000 millones de euros en ayudas por dicha compra (de los que los accionistas del Popular no verán ni uno), dinero que proviene de las faltriqueras del rebaño de súbditos que sigue votando estúpidamente en este régimen de partidos que los pisotea sin piedad, pues sólo se representan a sí mismos e impiden la separación de poderes que podría controlarlos.
