Tras la finalización de las XXIII Jornadas de Jueces Decanos celebradas en Sevilla, los participantes emitieron una nota sumamente crítica con el actual sometimiento político de la Justicia. Cuarenta y seis decanos de otras tantas ciudades españolas firmaron el documento de conclusiones en el que se quejaban amargamente de la politización de la Justicia que demuestra el último cambalache partidocrático para la renovación del el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Esperemos no volver al tiempo de las cesantías” llegaron a decir aludiendo a la vieja práctica caciquil del turnismo decimonónico.
No sirve sin embargo el simple deseo. Los jueces y magistrados deben ser pieza clave en el cambio del actual sistema de dependencia. Como juristas no pueden desconocer el origen de esta tendencia centrípeta del poder inseparado sobre la jurisdicción. Y si conocen el enorme daño que está causando en la confianza en la Justicia, no pueden permanecer impasibles aceptando la imposición gubernamental de sus jefes supremos, la ministerial de su presupuesto, ni el filtro político que sobre sus decisiones establece la clase política a través el Tribunal Constitucional. Tampoco pueden asumir pacíficamente, y lo hacen, que la digna representación de la legalidad sea una estructura jerárquica regida por los principios de subordinación y dependencia jerárquica en cuya cúspide se sitúe a alguien fuera de la misma carrera que debe juzgar, y que además sea elegido por el jefe del ejecutivo.
Es inútil, como en la fábula, croar en la charca por el envío de un leño como rey en lugar de la cigüeña que les devora. Así actúan cuando piden como solución a lo que detectan como problema, que sean los jueces y solo los jueces en lugar de todo el cuerpo electoral formado por la profesión jurídica en su amplitud quienes elijan a sus máximos responsables y elaboren su presupuesto. La endogamia de las puñetas no es la solución. Tampoco la demagogia de la elección por el mismo cuerpo electoral que elija los poderes políticos dado el carácter codificado de nuestro Derecho. En ambos casos el papel de la parasindicación que constituyen las asociaciones judiciales serviría para transponer a su campo de actuación la lucha de los partidos que mantienen ahora en el propio CGPJ.
Recordemos la frustrada e histórica huelga judicial en tiempos de Caamaño I “El Bruto”. Los gritos de independencia se agotaron con más vacaciones, retribución y una ligera mejora de esa eterna aspiración a más medios técnicos.
