Para saber quien ostenta el poder en una nación, basta preguntarse quién es el señor de sus leyes, porque quien controla las leyes, controla al Estado y controla además a la población.

Los pueblos serviles se caracterizan porque aspiran a un buen señor, un buen amo, que les dote de leyes benignas y las aplique con equidad.

Un pueblo libre no consiente que nadie, por culto, honrado y eficaz que sea, ostente el señorío de sus leyes. Un pueblo libre ostenta de grado o por la fuerza, un control sobre quien tiene el poder de legislar y en el caso de engaño o fraude moral, se reserva el derecho a expulsarlo de la política sin contemplaciones.

Para controlar el poder, se utiliza la institución de la representación, un concepto que no está definido en el Código Civil, porque éste traslada las instituciones del Derecho Romano que desconocía la noción de representación. Política y jurídicamente entendemos la representación como mandato, institución que sí heredamos del Derecho Romano y según la cual el mandatario (vulgarmente llamado “el mandado” “el recadero”) actúa siguiendo las órdenes del mandante (el representado) y en nombre de éste. Es el caso de un Procurador de los Tribunales al que se le otorga poderes para representar a un litigante. Puede ser expulsado en cualquier momento y ha de seguir escrupulosamente las instrucciones de su mandante.

Quien ordene y mande al representante o mandatario que hace las leyes, tiene en sus manos la soberanía de una Nación. Ejerce un poder por encima del cual no hay otro. Quien ordena al que legisla tiene la fuerza (Kratia, en griego) del Estado cuyo objeto es obedecer y hacer obedecer las leyes. Si el que manda al representante es un partido, será el partido la entidad que tendrá toda la fuerza del Estado a su disposición, estamos ante una kratia (fuerza) del partido, esto es: ante una partido-cracia.

Si el mandante de quien legisla es el ciudadano, como es el caso del Diputado de Distrito, la reunión de los Diputados (o Procuradores en Cortes término añoso y muy español) constituirán la fuerza de todos los votantes, de lo que llamamos pueblo (demos en griego). Es un indicio muy serio de que estamos ante una demo-cracia.

Los pueblos serviles, libre y voluntariamente aceptan la servidumbre voluntaria y se someten a la voluntad del señor de sus leyes. Es el caso de los pueblos que han renunciado a su representante legislativo, sometiéndose a la voluntad de un dictador, de una soberanía de unos pocos, o han cedido a los partidos políticos la responsabilidad y el derecho de ostentar la representación en las Cortes.

Así los ciudadanos de una partido-cracia o de una dictadura, renuncian a ser señores de sus leyes, a controlar a quienes las aprueban, presentando el cuello para que el dictador o el jefe del partido (o partidos) en el poder, los condecore con el yugo de la servidumbre, para someterlos a su voluntad.

Las sociedades libres no consienten que ejerza el señorío de las leyes alguien distinto a los ciudadanos. Además otorgan el poder de legislar bajo la condición de controlar a quienes lo ejercen. Las naciones que han sufrido revoluciones, las que han derramado sangre para adquirir el derecho de no presentar el cuello a ningún yugo, idearon la figura del Diputado de Distrito como un legislador controlado por el votante, que ejerce en exclusiva el control de las leyes y además se constituye en un fiscalizador del Gobierno al que recuerdan quien es el soberano cada vez que se separa de la voluntad de sus votantes. Para imponer este representante no dudaron en derramar sangre porque un pueblo libre no soporta someterse al yugo de la voluntad de nadie. Es el caso de Francia, Inglaterra o EEUU.

Los Diputados de Distrito, estarán sometidos a la voluntad de sus votantes, no a la de los partidos, ni mucho menos a la voluntad del jefe del ejecutivo. Si defrauda a sus votantes, si no sigue sus instrucciones, si promete la defensa de unos intereses que luego traiciona, se acabará su carrera política para toda su vida. Su partido no podrá hacer nada para redimirlo, porque su carrera política está en las manos de quienes ha defraudado.

Por eso los representantes de los ciudadanos, están al servicio y a las órdenes de sus votantes. Los diputados de listas de partido, están a las órdenes y al servicio del partido que les ha colocado en ellas. Son representantes de los partidos, no de los ciudadanos.

Resulta que quien controla las leyes, controla al Gobierno que está sometido a ellas y obligado a cumplirlas y hacer cumplirlas. De este modo, el legislativo, ejerce un control muy estrecho sobre el Ejecutivo.

El Diputado de Distrito, siguiendo las instrucciones de sus votantes y por la cuenta que le tiene, someterá a control a los órganos de la administración y del Gobierno señalados por los votantes de su distrito electoral. No puede abstenerse u oponerse a una comisión de investigación de corrupción, por ejemplo, sin que sus votantes toman nota y pasen factura luego, condenando al Diputado de Distrito corrupto o tolerante con los corruptos, a ser señalado y expulsado de la vida pública por quienes le votaron, le pese mucho o poco al partido al que pertenece.

El Diputado de Distrito representa y está a las órdenes de los votantes de una circunscripción y todos juntos representan a los votantes de todas las circunscripciones. Constituidos en Asamblea representan a la Nación y ésta es la señora de sus leyes, la soberana, el poder por encima del cual no hay otro. Solo los ciudadanos, y no los partidos, pueden controlar a quienes aprueban las leyes.

El Estado (Gobierno y Administración) habrá de cumplir y hacer cumplir las leyes. Estará así, a las órdenes de la Nación.

Los españoles hemos consentido que sea el Gobierno quien dicte las leyes. Todos los días leemos noticias relativas a que el Gobierno va a aprobar una ley sobre la Hacienda pública o la educación, porque ostenta realmente el poder legislativo. Ejerce el señorío sobre las leyes. Las Cortes solo evacuan el tedioso trámite de votar lo que los jefes de partido ordenan, que para eso son sus mandatarios, sus recaderos, sus representantes: Los soberanos. De este modo, es el Gobierno, el que impone su voluntad a la Nación, algo propio de los pueblos serviles.

Los pueblos libres son aquellos cuya Nación, impone su voluntad al Estado.

Que haya una u otra forma de gobierno, depende de los principios hegemónicos de la sociedad gobernada.

Al fin, las sociedades no pueden tener otras formas de gobierno que las que corresponden a sus principios.