No expongo nada nuevo si digo que las autonomías suponen un agujero financiero inasumible por la Administración Central, ¿verdad? Se trata de un hecho notorio. Si tenemos en cuenta las cesiones normativas que se han ido sucediendo en materias como la tributaria o la presupuestaria, el resultado inevitable es el que nos encontramos actualmente: un país económicamente dirigido hacia la quiebra y sin unidad normativa en temas capitales. Lo que dificulta tanto la coordinación y colaboración, como la inversión de capitales extranjeros.
La panacea ejecutiva, como ya sabemos, radica en “pedir”, so pena de sanción, a las Comunidades Autónomas que cumplan con los objetivos de déficit que se marcan desde la Administración Central para cada ejercicio. Como chiste de taberna reconozco que no está mal, pero sin una legislación unitaria y estricta esto es imposible. Y en el actual sistema organizativo estatal, este tipo de legislación resulta, cuanto menos, poco plausible.
El objetivo de déficit para las CCAA en 2015 se marcó en el -0.77% del PIB de éstas, y sólo ha sido cumplido por Galicia (-0,57%), Canarias (-0,54%) y País Vasco (-0,69%). Como contrapartida, las Comunidades Autónomas más deficitarias son, por este orden, Cataluña (-2,7%), Extremadura (-2,64%), Murcia (-2,52%) y Comunidad Valenciana (-2,51%). Siendo la primera y la última de esta lista de cuatro, las que más deuda acumulan.
Si bien es cierto que Cataluña es la primera potencia económica regional del país, su deuda es también la más elevada. Ésta se ha multiplicado escandalosamente durante la última década. Según datos del Banco de España, la deuda catalana ha pasado de 15.776 millones en 2007, a ¡74.757 millones en el segundo trimestre de 2016! esto es, el 36% de su PIB. Y en la misma línea se sitúa la Comunidad Valenciana con 43.164 millones de deuda, lo que supone un devastador 41,9% de su PIB. Además en este período (de 2007 a 2016), según el Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas, Cataluña ha aumentado la contratación de empleados públicos en la nada despreciable cifra de 17.610 nuevos puestos.
Aquí reside el otro gran problema, no sólo son las inversiones ineficientes o el batiburrillo normativo lo que convierten al sistema de autonomías en un pozo de miseria cuyo fondo está lejos de vislumbrarse. En un país de menos de 47 millones de habitantes, no es lógico que haya más de 3 millones de empleados públicos (datos del Ministerio de Hacienda). Ni lógico, ni necesario, ni productivo. Y por favor, que nadie se atreva a estigmatizar a Cataluña por estos datos, como si fuese la única Comunidad Autónoma que sigue esta dinámica, pues el mismo Ministerio de Hacienda nos dice que en España aumentaron, de 2014 a 2015, en 20.156 los puestos de trabajo públicos, donde se calcula que más de la mitad corresponden a las CCAA.
La deuda pública española ya supera el 100% de nuestro PIB y Bruselas nos va a sacar los colores por incumplir con el déficit estipulado. ¡Buen trabajo muchachos, así se gestiona un país! Supongo que nuestros “representantes populares” deben pensar que no es para nada imperativo solucionar aquello que lastra al país, si a cambio pueden mantener sus pequeños reinos de taifas a través de las autonomías. Al fin y al cabo, siempre pueden subir los impuestos para maquillar los balances.
Vemos que los números hablan por sí solos, es imposible ignorarlos. Esperad, ¿he dicho imposible? Quise decir habitual. Eso, lo habitual es ignorarlos.
