Elección libre del Gobierno y elección libre de cada diputado. Cada uno por su nombre y en elecciones distintas, en urnas distintas. Y cada uno por mayoría absoluta, a doble vuelta si fuera necesario. No es mucho. Pero lo es todo. Es tanto que con este cambio los ciudadanos pasaríamos de no ser nada a decidirlo todo. Es tanto que el poder pasaría de los partidos a los ciudadanos. Es tanto que los votantes se convertirían en electores. Es tanto que los poderes del Estado serían, al fin, separados. Es tanto que el Parlamento abandonaría la tutela del Estado y sería al fin el Parlamento de la Nación, de los ciudadanos. Es tanto que la invasión totalitaria del Estado en todos los asuntos humanos encontraría un freno con la acción legislativa del Parlamento de la Nación. Es tanto que el sometimiento político de los españoles se trocaría en libertad.
El devenir de la humanidad es una sucesión de fórmulas de organización social. El ejercicio del arbitraje de los asuntos públicos –de lo que afecta a todos los miembros de la sociedad– da a quien lo tiene un poder inmenso sobre sus semejantes, que son sus iguales. Cuando no hay nada que ponga freno al ejercicio de este poder, el abuso es inevitable. Así es la naturaleza humana. La historia de las formas de organización social es la del conflicto entre un poder que tiende al abuso y el intento de frenar sus abusos. ¿Qué puede impedir que una persona –un monarca– o un grupo de personas –una oligarquía– investidos de poder no conviertan el arbitraje en arbitrio para obtener provecho de ello? Nada. A no ser que quien ejerce el poder se vea sometido al imperio de la Ley. Cuando la Ley obliga no sólo a los miembros de la sociedad, sino también a quien ejerce el poder en esa sociedad, los abusos de ese poder encuentran un freno.
Pero el poder es un monstruo que persigue su perpetuación en el tiempo y la expansión de su dominio sobre los demás. Es capaz de encontrar los medios con los que burlar el freno que le impone la Ley. Trabaja sin descanso en busca de resquicios por los que reptar hasta anular el freno que le impone la Ley. ¿Qué freno ha de encontrar el poder a sus abusos cuando es el propio poder el que hace la Ley? Ninguno.
He aquí la razón por la que es imprescindible que el poder –que es el Gobierno– y quien hace la Ley –el Parlamento– sean agentes distintos y separados. Cuando quiera que uno de ellos elige al otro, el poder aplastará el freno que le debía imponer la Ley y para ello no necesita más que ser el propio poder quien haga la Ley.
En España son los jefes de los partidos los que eligen a los diputados que son los que eligen el Gobierno. El poder y la Ley están confundidos y acaban en las manos de una persona que ejerce el poder y hace la Ley. Votar a uno u otro partido no cambiará nada. El poder y la capacidad de hacer las leyes que pongan freno a sus abusos estará siempre en unas mismas manos. Así lo dispone la carta otorgada que llaman Constitución de 1978. La situación política que nos impone el Régimen del 78 es la tiranía.
La única fórmula de oposición pacífica a esta tiranía es no colaborar con ella para poner fin a la perpetuación de sus abusos. La no colaboración es la abstención activa en las elecciones de la tiranía. La única alternativa moralmente aceptable es la descrita en las primeras líneas de este texto: la democracia. Y ésta sólo es posible a través de la República Constitucional.
La República Constitucional es el único medio por el que el ser humano puede vivir en libertad y con dignidad. Lo demás es sometimiento y servidumbre.
