Cuando el reconocimiento legal de la independencia de la Justicia se limita a la personal del juzgador sin establecer la institucional, las conductas corruptas de sus protagonistas se ocultan con vergüenza. Al contrario, cuando existe una justicia separada y por tanto independiente, la detección y separación de los garbanzos negros se muestra públicamente con orgullo, como digno ejemplo de eficacia y lealtad institucional. Pues bien, al parecer en España resulta imposible que un juez sea deshonesto o criminal, sino que con su acceso a la magistratura adquiere una suerte de condición moral insobornable, superior al resto de los mortales.
El temor a que se rompa tan frágil sustento de la auctoritas judicial lleva al tapadillo y raudo auxilio de las instituciones rectoras de la justicia de poderes inseparados, auspiciando la levedad cuando no directamente la ocultación o la justificación de lo injustificable. ¡Pues claro que existen jueces corruptos, como también hay policías, abogados, alcaldes, arquitectos y curas corruptos! ¿Es que no existe acaso ni un solo juez en España que no haya actuado no solo inmoralmente sino criminalmente en abuso de sus funciones jurisdiccionales? ¿Qué especial cualidad moral dota a la persona el bordado de unas puñetas en las mangas de la toga? ¿Por qué, por ejemplo, en la República de los Estados Unidos de América se destapan casos de jueces y fiscales comprados por narcotraficantes o políticos que seguidamente ingresan en prisión y en nuestro país no? ¿Existe una superioridad moral europea en la judicatura?
La debilidad institucional, precisa una superioridad moral indiscutible como único salvavidas de legitimidad, que cuando se ve amenazada no puede ser reconocida, sino que debe ser ocultada para no socavar los pies del gigante de pies de barro. El artículo 117.1 de la Constitución de 1978 señala que “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. El tenor literal de esta síntesis adefésica elevada a norma suprema recoge tan solo la independencia personal de los jueces en su aplicación en conciencia y según su leal entender y saber de las leyes, pero no la institucional del mal llamado poder judicial, quedando fuera de todo reconocimiento muy a sabiendas.
“Querido Emilio: adjunto te remito propuesta y presupuesto (…)”. 302.000 dólares para el patrocinio de conferencias y escolarización de los hijos, pedidos y recibidos por un juez del banquero que investigó en una querella contra los responsables del mismo banco por supuestas cesiones de crédito ilegales son muy difíciles de ocultar. No pone en peligro solo la situación en el escalafón de un magistrado luego condenado por prevaricación, sino la credibilidad de todo el sistema legal.
