Existen entidades cuyo fin es prevenir y corregir la corrupción. Entre ellas se cuentan el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado o la Intervención de Hacienda que no han sido capaces de detectar o prevenir la financiación ilegal del PP, los desvíos de fondos de los ERE, o la financiación del clan Pujol. Estos ejemplos muestran la inutilidad de los órganos de control para prevenir la actividad de organizaciones delicitivas que han desplegado su actividad defraudatoria durante lustros de modo impune.
Cuando al fin un juzgado instruye los hechos, en no pocas ocasiones, se deja prescribir el asunto de corrupción en sede judicial, como ha ocurrido con la causa de los ERE.
Toda persona que durante lustros pueda distraer fondos públicos sin que sea molestado por los órganos de control del estado, se creerá impune y esta impunidad alimentará su codicia y fomentará su actividad delictiva.
Un caso paradigmático es el ocurrido en la Generalitat Valenciana donde, según el Consejo Europeo, la Intervención General de la Generalitat Valenciana incurrió en negligencia grave, al registrar una contabilidad al margen del procedimiento establecido. Existía una ausencia de registro de gastos y una tergiversación de datos del déficit desde 1988 a 2011. Además no incluyó en la contabilidad 1.800 millones de euros de gastos no reconocidos en la regularización efectuada en 2012.
Los contribuyentes pagan las nóminas de unas autoridades y funcionarios que en vez de prestar un servicio público, causan un enorme daño a los ciudadanos falseando las cuentas del erario público porque hacen inservibles los presupuestos e inútiles las previsiones de ingresos mediante impuestos.
El Consejo de Europa decidió multar al Reino de España con 18.930.000€ que han de pagar los contribuyentes por la mala gestión de las autoridades.
La asociación Ajura, abrió un procedimiento de reclamación patrimonial contra el Interventor General de la Generalidad Valenciana. Conforme a esta reclamación y según el art. 145 de la Ley 30/92, la administración está obligada a la apertura de un expediente contra toda autoridad o funcionario que haya causado daños patrimoniales a la administración mediando negligencia grave o dolo, decretar en su caso su responsabilidad y obligar al funcionario o autoridad a pagar y resarcir con sus bienes el daño que han causado. En el caso de Ajura más de 18,9 millones de euros. Dado que todos contribuimos mediante impuestos al pago de todos los perjuicios causados por las autoridades y funcionarios, todos debemos de estar legitimados para personarnos en el expediente.
La acción de Ajura, es inédita en España. La Consejería de Hacienda Valenciana ha abierto un expediente de reclamación patrimonial contra el Interventor General de la Comunidad Valenciana, a fin de que se le exijan 18.930,000€. Puede que su patrimonio no llegue a tanto, pero es indudable que a partir de ese momento, las autoridades y funcionarios se pensarán dos veces su modo de proceder, porque ya no está garantizada su impunidad cuando aprueben la construcción de un aeropuerto sin aviones, la creación de una fundación o sociedad paralela a la administración o cualquier otro despilfarro inútil.
Es la primera vez en España, que una entidad insta y consigue que la administración exija responsabilidades a la autoridad o funcionario que causa un daño a la adminsitración. Una acusación penal de prevaricación, pende sobre el responsable de la administración que se niegue a reclamar el daño patrimonial a un funcionario o autoridad.
Ajura ha abierto una fisura en un sistema corrupto blindado. A partir de ahora, podemos luchar contra la corrupción siguiendo su ejemplo o podemos mirar para otro lado y ser cómplices de ella.
