La joven viguesa de 27 años, estudiante de arquitectura, militante de Anova y que encabeza la pequeña facción estatal independentista con el nombre En Marea, manifestaba recientemente en un medio de comunicación nacional que “hay personas que no saben entender el cambio“. Estas declaraciones las efectuaba tras una reunión con el monarca, su jefe del Estado, Felipe VI, en la que pedía propuestas concretas para salir de un panorama que califica como incierto y en la que se mostraba partidaria de “trabajar por el pacto y el consenso” con el Partido Socialista Obrero Español y con Podemos (o con Posemos, como prefiero llamarlos yo, atendiendo a su perfecto manejo de la estética y la apariencia ante los medios de comunicación).
Efectivamente, y como expresa esta joven con muchísima razón, hay personas que no saben entender el cambio, y sucede que, precisamente ella, se encuentra entre los miembros de ese colectivo. Posiblemente quiera entender ese cambio, pero su capacidad de raciocinio no le permite llegar a lograrlo. Sin duda alguna, esto les ocurre a todos los individuos que componen la clase o casta política a la que ella pertenece y que se niegan una y otra vez a facilitar la posibilidad de un período de libertad política constituyente, para permitir implantar un sistema democrático en España. Sucede que por ser ella la cabecilla de una formación política del Estado, pagada y financiada por él para luchar por la independencia de Galicia, utiliza las negociaciones en los despachos como vía para hurtar la libre expresión de la sociedad civil -en ese mismo Estado que la paga a ella su salario-. Su facción, al igual que el Partido Popular, PSOE, Ciudadanos o cualquiera otra de esta monarquía de los partidos, se encuentra obligada a pactar precisamente porque nuestro país no es una democracia; si lo fuera, jamás el pacto o el consenso serían necesarios puesto que la sociedad civil ya habría elegido a sus representantes por mayoría y por tanto, inevitablemente y sin dilación, el gobierno habría sido constituido. Algo que resulta obvio para cualquier persona con unos mínimos conocimientos sobre política y que sucede constantemente en todos los países que se rigen por una democracia o en los que, al menos, existe representación.
Pero como la falta de formación y conocimientos acerca de la política brillan por su ausencia entre nuestra clase gobernante, y como las personas que parasitan en todos estos órganos del Estado no son representantes electos (y por tanto calificados, validados y aceptados por su distrito) sino funcionarios de la política, se producen esperpénticas declaraciones como ésta que, confundiendo el cambio ideológico con un cambio en el sistema, sin embargo -y de forma realmente sorprendente-, no producen absolutamente ninguna protesta ni manifestación entre los votantes que continúan acudiendo, masiva y repetidamente, a las urnas para refrendar a estos cabezas de partido, impidiendo así cualquier posibilidad de alcanzar la democracia y la libertad política. La absurda e incoherente solución que adoptan los españoles se limita a votar ‘a los otros’ para que no ganen ‘éstos’ o los de mas allá ‘para que no venzan los de fulanito’, sin advertir que su enconada ignorancia y su irreflexiva obstinación pone el poder en manos de partidos estatales para negárselo ellos mismos. Refuerzan un sistema que los anula y que trabaja en la producción constante de nuevas formas de corrupción, que constituyen el factor de gobierno en cualquier régimen oligárquico basado en el consenso. Se someten de forma servil y voluntaria a unas personas a las que consideran entes superiores y que deben decidir lo que ellos entienden que no son capaces de hacer. Refrendan listas abiertas o cerradas propuestas por unos partidos, que bien podrían presentar éstas posteriormente a la celebración de las votaciones generales. El resultado sería exactamente el mismo, puesto que para crear esas listas con nombres, no se precisa en absoluto de la participación de la sociedad civil.
Y ahora corran… ¡corran todos a votar!