PEDRO M. GONZÁLEZ
La triplicidad administrativa del estado autonómico hace esencial el control judicial de una burocracia que inunda las parcelas más importantes de la acción humana, desde la económica hasta la familiar. La garantía de ese control no solo debe alcanzar a la ciudadanía, sino también a las distintas administraciones en los conflictos que entre ellas surjan, lo que por su multiplicidad y exacerbada atribución de funciones, eleva exponencialmente la posibilidad de litigio, sobre todo de orden competencial.
Como García-Trevijano descubre en su Teoría Pura de la República, sin separación de poderes en origen, el control jurisdiccional de la actuación administrativa resulta imposible. Mientras la organización de la autoridad estatal de juzgar y hacer cumplir lo juzgado dependa económica y funcionalmente del Ministerio de Justicia o de las Consejerías de Justicia con la competencia transferida, la propia administración será juez y parte en todos y cada uno de los asuntos que se solventen en vía contencioso-administrativa. Mientras un Consejo General del Poder Judicial elegido por la clase política designe el escalafón y destino de los jueces y magistrados, y con mayor intensidad en este orden jurisdiccional, nos seguiremos moviendo en el terreno del “como si” existiera una independencia judicial imposible.
Motivos de interés y orden público guían así las resoluciones contencioso-administrativas con consideraciones de orden de oportunidad, alcance económico o político para decidir sobre la juridicidad de actos administrativos y normas emanadas de las distintas administraciones públicas. La Razón de Estado elevada al estrado y con toga y puñetas.
La independencia judicial del orden contencioso queda a idéntico nivel que el de las antiguas Magistraturas de Trabajo franquistas, que fuera del orden jurisdiccional y sin ser verdaderas magistraturas ni tribunales, se encargaban de aplicar la normativa laboral en los conflictos surgidos en las relaciones de trabajo entre patronos y obreros mediante una actuación administrativa paternalista, que se declaraba a sí misma protectora de los importantes intereses en juego.
