A las razones expuestas en la primera parte, se pueden añadir otras muchas para certificar que el Sector Público español se ha expandido hasta estos niveles insoportables para nuestra sociedad.   Las concepciones extensivas del servicio público y el sentimiento providencialista que muchos españoles tienen de papá Estado han inducido a que todo bien económico, que sirva para que los ciudadanos alcancen sus fines vitales, sea susceptible de ser provisto por las Administraciones Públicas. Muchas veces ni siquiera se analizan las posibles ofertas realizadas por otros agentes sociales ni el precio de ellas.   La utilización de los despachos públicos como escondite de una “casta política”, generada por el Estado de Partidos y repleta de mediocres y de infinidad de chupones (1), y el comportamiento de los diversos clanes de burócratas que buscan incrementar su prestigio y su poder (William A. Niskanen) han perpetuado departamentos, órganos y entes innecesarios, absurdos y antieconómicos.   La impresionante fuerza de los “grupos de presión fiscal”, como son los sindicatos “subvencionados”, las organizaciones empresariales “subvencionadas”, los diversos grupos de interés, colectivos de contribuyentes o lobbies influyentes (Richard A. Musgrave), han logrado decisiones de política social o fiscal difíciles de justificar (ayudas a las energías renovables, a ciertos productos agrarios o a las instituciones financieras, inversiones faraónicas estilo AVE, etc.).   Incluso las formas presupuestarias tradicionales de corte administrativo han sido un coste añadido para el Sector Público español, ya que en pocas ocasiones los dirigentes públicos han mostrado deseos de poner en práctica técnicas presupuestarias modernas que evalúen desde cero los costes directos, indirectos y de oportunidad de los servicios públicos prestados.   Como añadido a este pliego de cargos, en los últimos años se ha ido demostrando mediante estudios empíricos que el exceso de gastos públicos frena el crecimiento económico, pues no todo gasto público es bueno por sí mismo ni incrementa la demanda agregada (parte de él se puede ir la adquisición de bienes exteriores o a derroches efímeros e inútiles). También se ha demostrado que las formas de financiación de los diversos servicios públicos condicionan la vida de los ciudadanos (un IVA demasiado alto) o determinan una buena parte de los costes de nuestras empresas (las cuotas de la seguridad social), situación poco beneficiosa para crear empleo y para competir en el mercado internacional.   En definitiva, mantener toda esta selva administrativa es un “lujo” que nuestra economía no puede permitirse (pensad que en economía nada es gratis, alguien tiene que pagar la factura).