Hoy día nadie discute que el Sector Público presta un gran servicio a la economía cuando, a través de su regulación, garantiza que las relaciones económicas se desarrollen en libertad, en un escenario de concurrencia y de competitividad (José T. Raga)1, corrige las externalidades negativas generadas en la producción privada y crea instituciones aseguradoras imprescindibles.   Pero los Gobiernos, a través de sus Administraciones Públicas y de toda una fauna de Entes públicos (como veremos más adelante), han ido interviniendo en todas las esferas de la vida, han pasado de ser meros vigilantes y conservadores de la ley y el orden a estar presente en todas partes, en todos los rincones de la sociedad: educación, cultura, sanidad, seguridad social, agricultura, minería, pesca, industria, comercio, transportes, banca, abastecimiento de agua, recogida de basuras, etc. Hace muchos años el economista alemán Adolph Wagner ya advirtió del peligro de inercia que había en la evolución de las actividades realizadas por el sector público, incluso pronosticó que el aumento del gasto público era más rápido que el aumento de la producción del país (Ley de Wagner).   Cualquier necesidad de los seres humanos susceptible de cubrirse a través de un grupo humano organizado es susceptible de ser organizada y/o intervenida. Pero en este punto no hay que olvidar nunca que, como decía John Maynard Keynes: el papel del Sector Público no consiste en hacer lo que los particulares están haciendo ya, en hacerlo un poco mejor o un poco peor, sino en hacer lo que no están haciendo los particulares y, sin embargo, es necesario hacer (Leopoldo Gonzalo y González)2.   Están lejos aquellos tiempos en los que el mismo Joseph A. Schumpeter se asustaba porque el Gobierno controlaba el 5% del PIB. ¿Qué pensaría de la España actual en la que ese porcentaje ronda el 43%? Poco a poco el Estado y su burocracia se hicieron portavoces de la justicia social, uniendo la seguridad y la justicia a costa de la libertad, prometiendo proporcionar a los más desfavorecidos los servicios elementales4. La idea rectora era tratar y cuidar a los hombres desde la cuna hasta la sepultura, como cosas de su propiedad. Este exceso de protección neutraliza a la sociedad civil, convierte a las personas en eternos adolescentes y a la nación en un rebaño de animales tímidos, estabulados y fáciles de manejar por el pastor gobernante4.   Las Administraciones Públicas se han convertido en la forma esencial de la manifestación del poder político y en el principal instrumento con que el que cuenta el Gobierno para llevar a cabo su programa político y para intervenir en la economía nacional. Por eso diseccionamos sus entrañas.   A lo largo de las últimas décadas, las Administraciones territoriales, esas que han florecido en nuestra nación por debajo del Estado, han expandido sus competencias de forma impresionante, unas veces por delegación del Gobierno nacional y otras por propia iniciativa para incrementar su presencia en el entorno en que se implantó o por presión de los ciudadanos que acuden a la Administración más cercana.   Y cada uno de estos niveles de Gobierno ha ido montando su propia burocracia y sus propios aparatos administrativos. En España estos niveles están constituidos por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Dentro del último grupo existen varios niveles: Diputaciones y similares, Comarcas, Mancomunidades y Municipios.   En la mayoría de estos niveles se reproduce el mismo esquema: Administración nuclear (Ministerios, Consejerías, Departamentos, Concejalías), Administración periférica (prolongación territorial de las demás Administraciones a través de Delegaciones regionales, provinciales, comarcales, de distrito o de núcleo de población), Administración funcional (Agencias, Organismos Autónomos, Entes Públicos, Empresas Públicas) y Administración corporativa (un conjunto de entidades de base asociativa que ejercen funciones públicas (Cámaras de Comercio, Colegios profesionales, Comunidades de regantes, Entidades sin fines de lucro que ejercen competencias públicas, etc.).   1 “De máxima urgencia” en la obra “Lo que hay que hacer, con urgencia” que coordina Juan Velarde, Actas 2011. 2 “¿Es posible reducir el déficit?” en la obra citada en la nota nº 1. 3 Capítulo XXVII: “El Estado Social y Democrático de Derecho” de “Historia de las formas de Estado”, el buey mudo 2010. 4 Capítulo XXXII: “El Estado de Bienestar”, en la obra citada de Dalmacio Negro en la nota nº 3.