El Ministerio de Economía y Hacienda ha confirmado esta semana las sanciones impuestas a los 38 antiguos consejeros y directivos de la intervenida Cajasur1. La noticia no tendría más trascendencia en este cortijo español donde todo lo público se utiliza como si fuera privado, de no ser porque entre los sancionados hay al menos catorce políticos2. La lista incluye tanto al actual alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), como al saliente Andrés Ocaña (IU), además de concejales como Juan Pablo Durán (PSOE), o aspirantes al senado de los distintos partidos. Para los sancionados, el desembolso económico no va a ser un problema, ya que un seguro de la propia Cajasur pagará las multas3. No puede ser de otra forma en nuestro particular estado de partidos. Claro que todavía hay quien se indigna con la situación4, porque si las cosas se hubieran retrasado, quizá se hubieran librado del desembolso y el escarnio que supone la sanción a una mala gestión. Y hablando de mala gestión, ahora yo me pregunto: los que no han sido capaces de gestionar en condiciones una simple caja de ahorros en momentos de bonanza económica, ¿qué harán cuando tienen bajo su responsabilidad nada menos que el ayuntamiento de una ciudad? ¡Y en el contexto de una crisis como no se conocía desde 1929, en una de las ciudades que más está siendo castigada por la misma!5Como comprenderán, con semejante plantel, las perspectivas no se ven demasiado halagüeñas. Hasta los empresarios andaluces se atreven a decir que la situación económica empeorará en 20126. Pero eso no es óbice para que los gestores de nuestro ayuntamiento presenten un presupuesto para 2012 con un superávit de más de 7 millones de euros. Eso sí, basado en las ventas y el beneficio de 8 millones que se espera de la empresa municipal de viviendas (Vimcorsa)7. Oiga, pero, ¿la construcción y la venta de viviendas no se habían estancado? Y además, si los bancos no conceden prestamos e hipotecas, ¿cómo se espera vender tanta vivienda en una ciudad con más de un 33% de desempleo? Mientras tanto, la Universidad de Córdoba depende de que la Junta de Andalucía no falle en sus transferencias para poder pagar las nóminas de profesores y empleados8. La misma Junta que tiene graves problemas de liquidez para saldar sus deudas con los farmacéuticos9, aunque no para inyectar efectivo a Canal Sur10.Pero pueden estar tranquilos. A pesar de todos estos avatares, les puedo asegurar que ninguno de nuestros irrepresentantes se quedará sin cobrar a final de mes. Por muy mal que hagan su trabajo…, o aunque ni siquiera lo hagan11.