Ayer hablaba, después de muchos meses, con un proveedor de nuestra empresa, propietario de una microempresa familiar que se dedica a la venta de equipos biomédicos reacondicionados. Como mantengo una cierta amistad con él, después de resolver el asunto que había motivado nuestra charla nos pusimos al día sobre la situación del sector. Cual no sería mi sorpresa cuando me informa de que la casa matriz de la cual él es representante en España, ubicada en Francia, ha tenido que cerrar la planta de producción, despidiendo a 22 personas. Obviamente se trataba también de una empresa que no llegaba ni a la categoría de mediana. Cuando le pregunto extrañado por la causa de ese cierre, ya que esa empresa siempre había ido bien, me comenta que no ha sido por problemas de bajadas en la facturación ni de malos resultados en las cuentas, sino por la aparición de una nueva normativa europea de obligado cumplimiento que prohíbe que los laboratorios compren equipos biomédicos de más de cinco años de antigüedad alegando presuntas garantías al consumidor. Al llevar más de 20 años en el sector sé que tal normativa no se sostiene en modo alguno a nivel técnico, ya que un equipo fabricado en 2005 y revisado por un técnico competente es exactamente igual de fiable que uno fabricado con posterioridad. La razón, evidentemente, no es el proteger al ciudadano europeo, sino otra bien distinta. El sector del equipamiento biomédico está dominado por muy pocas empresas, de un tamaño gigantesco, y no cabe duda de que estas empresas van a ser las grandes beneficiarias de esta normativa. Obviamente este poderoso lobby ha sido el que ha inspirado semejante disparatada normativa, que hundirá a muchos pequeños empresarios europeos, restringirá la oferta y repercutirá en mayores costes sanitarios sin mejora alguna en el servicio. Europa se encuentra cada vez más sometida a los grandes poderes económicos, debido a la debilidad, en casi toda ella, de su sistema político, que carece de las mínimas características (representatividad y separación de poderes) que podrían calificarlo con propiedad de democrático. Esta lamentable deriva no cabe duda de que se ha acentuado sobremanera en los últimos tiempos, y todavía lo hará más cuanto más se prolongue y acentúe la crisis, ya que los malos resultados económicos de las grandes empresas no hacen sino reforzar esta espiral, que a su vez, con las ineficiencias que provoca, hace que la crisis empeore todavía más. Sólo una reacción ciudadana que instaure un sistema político en que el poder político sea independiente del económico podrá detener este destructivo proceso. De no ocurrir esta reacción sólo nos esperará, por desgracia, un futuro en el que el ciudadano promedio, funcionario o empleado de grandes corporaciones, será cada vez menos libre, el emprendedor irá extinguiéndose, y en medio de un sistema en el que las diferencias entre lo público y lo privado irán diluyéndose progresivamente, un galopante proceso de ineficiencias económicas y controles cada vez mayores hará que Europa sea un lugar muy poco agradable donde vivir y con muy pocas diferencias con regímenes de ominoso recuerdo.