En un Diario como este, en el que decididamente se afirma que la separación en origen de la Justicia es requisito sine qua non para alcanzar la Democracia en España, no podemos menos que hacernos eco de todas las iniciativas que pretendan acabar con la trina unicidad que hoy la gobierna. También es responsabilidad del MCRC del que es vocero, aclarar científicamente los errores de los intentos reformistas en lo que a la independencia judicial se refiere. Esa labor ha sido ya previamente realizada desde esta misma columna demostrando la inanidad de las propuestas al respecto del partido Unión Progreso y Democracia (“Oír Campanas”; Diario Español de la República Constitucional. 19/05/09).   Ahora, medio centenar de jueces, abogados, notarios, catedráticos, estudiantes y otros profesionales del Derecho crean la “Plataforma Cívica por la Independencia Judicial” con el loable propósito de denunciar el grado de politización y la lucha partidista que merma la independencia judicial. Forman parte de la Plataforma Magistrados como el de la Audiencia Nacional D. Eloy Velasco, el que fuera Fiscal de dicho órgano D. Ignacio Gordillo, el prestigioso Catedrático de Derecho Penal D. Enrique Gimbernat y el abogado D. Javier Nart. A través de las redes sociales sus simpatizantes critican la “contaminación política” de la Justicia y advierten del “descrédito absoluto” que ésta despierta en la ciudadanía.   Según su portavoz, la profesora de Derecho Procesal Dña. Soraya Callejo, el grupo nace con intención de poner en solfa el “cambalache” político a la hora de designar los cargos judiciales, como los de vocales del CGPJ, por criterios de afinidad ideológica. Por su parte Nart apoyaba la nueva Plataforma aseverando que “no hay diferencia de los poderes. Ahora mismo el Tribunal Constitucional carece de fiabilidad puesto que se puede saber antes de que vote el sentido de voto de cada Magistrado, excepto el de Manuel Aragón” criticando además que la cúpula judicial “esté controlada por el poder político”.   La Plataforma, en coherencia, se manifiesta enérgicamente en contra del borrador Caamaño de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que suprime al Juez de Instrucción para entregar sus atribuciones a la Fiscalía. Sin embargo desconciertan otras medidas de carácter reformista como la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que doce de los miembros del CGPJ sean elegidos sólo por jueces y los ocho restantes por las Cortes Generales, lo que se contradice con sus propios fines al restringir a la judicatura la elección del órgano de gobierno de la Justicia, manteniendo además tanto su estructura como la presencia en el mismo de los otros poderes del estado.   Eado que su presentación pública es anunciada para septiembre, existe posibilidad de rectificación abogando por la eliminación de cualquier interferencia política en la Justicia como fundamento de su independencia. La elección de un Consejo de Justicia elegido por todos los operadores jurídicos que sustituya al CGPJ, la desaparición del Ministerio de Justicia y del Tribunal Constitucional, la unificación de la carrera fiscal y judicial con la desaparición del Fiscal General del Estado, la creación de una auténtica policía judicial y la garantía de independencia presupuestaria de la Justicia son medidas inaplazables para llegar a la auténtica separación de poderes. Si no nos quedaremos ante un nuevo ejemplo, otro más, de insuficiencia reformista. Esperemos que no sea así.