El PSOE mantiene su veto a la candidatura del exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ahora Magistrado de la Audiencia Nacional D. Enrique López, propuesto por el PP para la renovación del Tribunal Constitucional (TC). Ante el bloqueo, la situación pasa, como siempre en ausencia de libertad política y de manipulación partidista de la Justicia, por el nunca suficientemente enaltecido consenso, enemigo mortal de la democracia y de la justicia.   La portavoz del Grupo Popular en el Congreso Dña. Soraya Sáenz de Santamaría y ante el impass en la renovación del Órgano, se ha limitado a insistir en que su formación tiene clara voluntad de sellar un acuerdo al respecto con su rival aún expirado el plazo marcado por el Presidente del Congreso, D. José Bono, para registrar los nombres de los candidatos. Tal registro no es ni mucho menos definitivo en la fijación de los postulantes, tratándose de simple fecha formal sometida, como todo en la vida pública española de la transición, al cambalache y voluntarismo de última hora de los patrones del juego político-judicial.   "Estamos hablando con el Gobierno con la intención de hacerlo” comentaba la Sra. Santamaría, en alusión a la búsqueda consensual de una nueva composición para el TC. A su vez rehusaba una vez más dar detalles sobre los nombres que su formación pondrá ahora sobre la mesa. La excusa no era otra que facilitar el acuerdo y no interferir así en las conversaciones que están manteniendo el Vicepresidente Primero D. Alfredo Pérez Rubalcaba y el portavoz de Justicia del PP, D. Federico Trillo.   Para precipitar el sacrificio de López el PSOE se ha sacado un nuevo nombre inasumible para la oposición que fuerce al PP a transigir con el sacrificio de éste. Sorpréndanse. Se trata nada menos que el de D. Cándido Conde-Pumpido, actual Fiscal General del Estado. El ejercicio de poderío no es de quítame allá esas pajas, ya que por un lado demuestra la vacuidad de cualquier declaración de independencia del jefe del Ministerio Público, de estructura jerárquica, y por otro la predisposición de éste a ejercer tal curioso ejercicio de recto Derecho en el puesto en que sus jefes lo estimen oportuno.   Esto sí que es unificar la carrera judicial y la fiscal, pero en sentido contrario al de la independencia de la Justicia. Aquí el puesto de destino se rige por la conveniencia política catalizada por el infame juego del consenso, elevado a verdadera y última Razón de Estado. Mientras tanto, López se defiende haciendo continuas declaraciones de una imposible   independencia    a   pesar   de   ser propuesto por un partido y Conde-Pumpido, se deja querer. Al final accederán ambos o ninguno, pero habrá prevalecido la voluntad de los partidos sobre la Justicia una vez más. ¡Bendito consenso!