La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia este martes una queja presentada por el Vocal D. José Manuel Gómez Benítez contra el Fiscal General del Estado, D. Cándido Conde-Pumpido, por acusar en un acto público al órgano de gobierno de los jueces de querer convertirse en legislador. Las protestas del fiscal preboste traen causa de los contactos que está manteniendo el CGPJ con los grupos parlamentarios para impulsar la aprobación urgente de distintas reformas legislativas dirigidas a la modernización de la Justicia.   Los medios de comunicación del oficialismo de régimen centran su atención sobre que ésta sea la primera vez que un Fiscal General del Estado puede ser sancionado por el CGPJ, lo que tampoco sucederá. Sin embargo lo realmente llamativo para cualquier ciudadano inteligente e informado debe ser precisamente lo contrario, que hasta ahora el CGPJ no se haya quejado jamás de que la Fiscalía se encuentre controlada por el ejecutivo en su actuación en interés imparcial de la ley que le atribuye su estatuto orgánico debido a su nombramiento directo por el Ejecutivo.   Las envidias y peleas de corral se producen cuando hay más de dos gallos en un gallinero. Ésta es la explicación de lo sucedido. Por un lado tenemos a Gómez Benítez, Vocal del órgano gubernativo judicial sin haber sido Juez de carrera en su vida, abogado de Garzón y del PSOE a cuya propuesta accedió al cargo. Fue representante del gobierno en las últimas negociaciones con ETA. Y por otro a Conde-Pumpido, quien dejó atrás el prestigio de penalista de cátedra y manual para “mancharse la toga con el polvo del camino” en palabras propias y aceptar indignamente el cargo de delegado del gobierno en la Justicia en un puesto que no es más que la duplicidad funcional de la abogacía del estado travestida de la imparcialidad formal del Ministerio Público.   Nótese la absurda situación: Un Vocal de un CGPJ elegido por el legislativo denuncia ante sus compañeros a un jefe de la fiscalía elegido por el ejecutivo por suplantar las funciones de quienes han nombrado tanto al primero como al resto de sus compinches que han de resolver la denuncia. ¿Dónde queda el poder judicial en todo esto? ¿No se supone que todos éstos velan por su independencia y por el interés público?   El puesto de Fiscal General del Estado debe desaparecer para alcanzar la deseable independencia judicial, como también el CGPJ, siendo sustituido por un Consejo de Justicia separado en origen electivo y presupuestario que se convierta así en verdadero órgano de gobierno de la facultad jurisdiccional del estado.