En artículo anterior comentamos la caótica organización del municipio de Barcelona, hoy analizamos la situación del municipio de Madrid. En el primer caso, mucha gente espera que el grupo que va a dirigir aquella ciudad “levante las alfombras” y dé a conocer las deudas ocultas y las facturas escondidas. Pero en el segundo caso, la Lista más votada es la que volverá a dirigir la administración municipal ¿Qué se debe esperar de este nuevo ayuntamiento? Nada. La victoria purificará los errores y tapará cualquier atisbo de luz en las gestiones defectuosas o en la evaluación de proyectos faraónicos, pues los concejales que integrarán el pleno no son los “reyes del distrito” ni representan a sus ciudadanos ni son responsables políticos ante sus electores. El jefe de la Lista los colocó (o se los colocaron desde la dirección regional o nacional del partido) y solo ante él son responsables.   Esta entidad local es la más importante de España, por el número de habitantes que viven en su término municipal (3.273.049) y por los presupuestos que maneja, 5.629 millones de euros (M€) en el ejercicio 2011: 72,6% a través del Ayuntamiento, 5,7% a través de lo siete organismos autónomos y 21,7% a través de las seis sociedades anónimas cuyo capital social es íntegramente del Ayuntamiento. En estas instituciones municipales trabajan cerca de 42.000 personas, de las que 543 son altos cargos y personal eventual a su servicio. Por fuera de esta cuantificación, el municipio participa en cuatro empresas mixtas, cinco Fundaciones públicas y dos Consorcios. Para hacerse una pequeña idea: este municipio maneja más presupuesto que la Comunidad Autónoma de Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Baleares, Murcia, Navarra o La Rioja.   La norma estatal sobre grandes ciudades le sirvió para incrementar los cargos directivos y emular la organización administrativa de una Comunidad Autónoma con concejalías o áreas repletas de direcciones generales y multitud de órganos consultivos y previos a las instancias judiciales. Además habilitaba la creación de distritos municipales como meros instrumentos de desconcentración administrativa dirigidos por un concejal. Así había puestos para todos. El alcalde reelegido, no contento con esta locura administrativa, anunció en la toma de posesión una nueva reorganización del ayuntamiento para que haya “una auténtica separación entre el poder legislativo y ejecutivo” de acuerdo con la nueva ley de capitalidad y así justificar más cargos: presidente del pleno, etc. Estas normas nunca pensaron en el distrito como origen del poder local de los ciudadanos,  nunca pensaron que los 57 distritos podrían elegir a su concejal como auténtico representante de los ciudadanos de la zona y que el conjunto de ellos formaría el Pleno del ayuntamiento.   El problema básico de este municipio es su megalomanía burocrática y el subsiguiente derroche en gastos de personal directivo y de representación (ejemplo: los que acabamos de comentar y otro que están saliendo a la luz como la flota de coches oficiales). El exceso de gastos realizados durante los últimos ejercicios (el 66% de los gastos de 2010 se dedica al pago de sueldos y de compras de bienes y servicios corrientes) ha dejado a la Corporación con un inmenso agujero financiero. En dicho ejercicio de 2010 pensaba gastar 5.550 M€, reconoció obligaciones por valor de 4.875 M€ y solamente pagó 3.144 M€ (es decir, dejo de pagar 1.731 M€). Cerró el ejercicio con un déficit superior a los 350 M€ (según el Ministerio de Economía y Hacienda) y con un cúmulo de deudas financieras por valor de 6.453 M€ (según el Banco de España; para hacerse una pequeña idea de la magnitud: a finales de 2010 el total de deudas financieras de todos los municipios de España ascendió a 28.769 M€). En este sistema el despilfarro no tiene límites y los ciudadanos se cargan con las deudas de unos dirigentes políticos que actúan “como si” fuesen sus representantes (a cada madrileño le corresponde un montante de deudas financieras y comerciales municipales de 2.500 euros).