(Foto: blueheron) Perfeccionar la corrupción institucional Dada la frecuencia con que la estupidez se repliega en su propia ignorancia para evitar el peso de los argumentos, y a que, cuando la verdad no ofrece muchas gratificaciones, se produce una inclinación general hacia la falsedad vanidosa, cabe intentar, para que no oscile entre el puro utopismo y la contradicción insalvable, organizar la falta de inteligencia de la situación que distingue al M15, así como orientar su carnavalesca desorientación, con una propuesta que supere las diversas aprensiones, las pasiones opuestas y los discordantes intereses que difícilmente permiten que sean muchos los que consigan unirse para lograr un objetivo único. El uso de la informática puede ahormar la libertad de elección. La competición electoral ya no consistiría en la conquista de “una” opinión del público, con un programa de solución de problemas, sino en un concurso fotográfico que distribuiría los premios según el parecido de los partidos-imagen con el retrato robotizado por encuestas de “la” opinión pública. Pero la encuesta sólo es un fotograma de una secuencia social en movimiento. Existe peligro de distorsión entre el momento del fotograma y el de la elección. Pero si la distancia en el tiempo es muy pequeña la fiabilidad predictiva de la encuesta es casi absoluta. Las nuevas tecnologías y el método riguroso de la investigación sociológica, permiten convertir en acto científico, y extremadamente barato, al costoso y artesanal proceso de elección de representantes. Basta con hacer el fotograma en el momento final y darle valor legal efectivo. Además de decenas de miles de millones y de molestias que se ahorrarán los ciudadanos, la encuesta electoral decisoria mejorará la cultura política y la seriedad de las elecciones eliminando las campañas que degradan el medio ambiente moral y aumentan los riesgos de un cambio demagógico. Que los partidos políticos se sometan a un examen cada cuatro años es tan injusto y aleatorio como seleccionar a los alumnos con una prueba final. El sistema de evaluación constante es más racional. La ley fijará un día encuestativo. Y “la” opinión pública dirá sin error el número de diputados que cada partido tiene que designar. Este es el sueño tecnocrático de quienes proponen la llamada democracia electrónica. Los defensores del sistema tradicional podrían oponer, con toda razón, la necesidad de identificación de los electores con la persona de “su” representante y la carencia de valor democrático de un voto emitido sin debate. Pero estos dos argumentos no son utilizables en España. El sistema proporcional de listas implica necesariamente elegibles anónimos y voto sin debate. Su naturaleza antidemocrática se revela en la fatalidad del resultado: reparto del poder por cuotas oligárquicas de partido. Si acortan las campañas electorales y legalizan la encuesta decisoria, se haría permanente la ley de hierro de la oligarquía de Michels, impidiendo la entrada en el juego político de otros actores distintos de los fundadores del sistema, o la alteración sustancial de las cuotas de poder ya establecidas, pero se consagraría el verdadero gobierno de “la” opinión pública, el de sus fabricantes y distribuidores. Cuanto mejor funcionen las instituciones oligocráticas menos se abre la posibilidad de una construcción institucional de la democracia sobre cimientos reales, o sólo la verdad es revolucionaria, es decir, qué lejos seguimos estando de la libertad política.