La ristra de imputados que cuelga de la candidatura autonómica del PP valenciano ha sido aromatizada con la presunción de inocencia, “garantía procesal” que, como ha teorizado doña Esperanza Aguirre, los eximiría de rendir cuentas por el momento, frente a los que son sospechosos de “haber utilizado su cargo político para enriquecerse” y que por tanto, deberían asumir la “responsabilidad política”.   Don Francisco Camps está como si le hubieran regalado otro traje a medida, encantado con la calidad del material humano con que se ha confeccionado la lista que encabeza. Uno de sus consejeros, Rafael Blasco, no tiene empacho en afirmar que “están convencidos de que tienen a las mejores personas en sus listas”, unas personas “respetables y de una ética absolutamente fuera de cualquier tipo de duda”.   En todo caso, a Mariano Rajoy le traen sin cuidado estas menudencias, o no se quiere acordar de quién es Ricardo Costa, entre otros honorables compañeros de partido. En lo que sí insiste su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, es en señalar la corrupción del rival gubernamental: “ERE fraudulentos, fondos malversados, nepotismo descarado”, “ésa es la marca del PSOE”.   Desde la otra bandería estatal, además de defender el honor de los Chaves, acusan a Rajoy de hacer la vista gorda ante unas listas “cargadas de imputaciones”. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, denuncia que el PP comete “una falta de respeto muy grave” hacia los ciudadanos al permitir que se encuadren en sus filas sujetos sobre los que pesan graves delitos de corrupción: “pienso que no es lógico, en un momento en que la política tiene que reevaluarse ante la ciudadanía, que personas que no merecen estar en una lista electoral, representen a un partido”. Lo que no alcanza a pensar Jáuregui es en la necesidad de suprimir las listas, no sólo para impedir que se llenen de indeseables sino también para que haya verdadera representación política.