Cuando la Justicia se suplica y las sentencias se dictan en nombre del jefe del Estado, el derecho se convierte en simple gracia administrativa. Más allá de meros formulismos rituales, tales expresiones forenses son anuncio y advertencia para quien a ella acude. Acompañado por el Ministro de Justicia, D. Francisco Caamaño, Juan Carlos I presidió el pasado 11 de Febrero el acto central de las celebraciones organizadas por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España con motivo del ciento cincuenta aniversario de la promulgación por Isabel II de la Ley Hipotecaria. Además de por el ministro, el monarca estuvo acompañado en el acto por el presidente del Partido Popular (PP) D. Mariano Rajoy, miembro del Colegio de Registradores de la Propiedad y del Comité de Honor del aniversario así como de anteriores ministros de justicia como D. Ángel Acebes, D. Federico Trillo, D. José María Michavila, D. Juan Fernando López Aguilar y D. Juan Alberto Belloch. Para completar el coro del Estado de la unicidad de poderes, no podía faltar el presidente del Tribunal Supremo, que lo es también del Consejo General del Poder Judicial, D. Carlos Dívar.   El Rey, que recibió la Medalla de Oro conmemorativa correspondiente, descubrió también una placa tras ser recibido junto con el referido acompañamiento de fuerzas vivas por la Junta de Gobierno del Colegio encabezada por el Decano D. Alfonso Candau. En sus palabras de clausura del acto institucional el Rey destacó la importancia de garantizar la seguridad jurídica para mantener a España “en mejores condiciones para limitar riesgos, afrontar retos y superar dificultades”.   La seguridad jurídica cuando la política designa y retribuye a la Justicia, como escenificó la fotografía final de los protagonistas del totum revolutum de la inseparación de poderes, tan sólo puede referirse al pacto entre la jurisdicción y la política elevado a la categoría de razón de Estado. Del rebus sic stantibus de esta monarquía de partidos. Y no se romperá mientras no estén separados en origen los poderes del Estado. Es la seguridad jurídica de que el crimen de Estado jamás será castigado, el latrocinio administrativo en masa permanecerá impune y la corrupción de la justicia será retribuida convenientemente en el escalafón en función del cumplimiento de las órdenes, expresas o no, del jefe. Parece no importar. Caminemos pues, ciegos, hacia otro pacto por la justicia que dure no ciento cincuenta, sino mil años.