Si el consenso en política supone el sacrificio de la libertad política en el altar de la Razón de Estado, en el terreno judicial los “Pactos por la Justicia” son su equivalente respecto a los derechos individuales de los ciudadanos. La transacción es mecanismo de satisfacción extraprocesal de las partes en los conflictos sometidos al Derecho Privado, resultando una iniquidad liberticida establecer cualquier analogía para que los partidos negocien los techos y suelos de las libertades personales del común sin el freno de la garantía legislativa y constitucional efectiva que resulta imposible donde no hay ni representación, sino integración en partidos estatales legisladores, ni constitución, al no estar separados los poderes del estado en origen.   El CGPJ trabaja para conciliar a los partidos en torno a un acuerdo de Estado que permita las reformas legales necesarias e imprescindibles para agilizar la Administración de Justicia, lo que esperan se materialice antes del próximo verano. Así lo anunciaron ante la prensa el Presidente de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, D. José Manuel Gómez Benítez, su Vicepresidente D. Fernando de Rosa, y la Portavoz Dña. Gabriela Bravo. “Existe un ambiente claro tanto en los grupos sociales como en los políticos para que se alcance este acuerdo”, explicó De Rosa. Los informes sobre el anteproyecto de ley fruto del consenso de los partidos, además de referirse a los tradicionales y nunca materializados aspectos técnicos modernizadores, que luego nunca llegan, como la introducción de la telemática y medios informáticos en la oficina judicial, cuelan de rondón una sensible reducción de las garantías y derechos del justiciable.   Reunión de rabadanes, oveja muerta. De una lectura más detenida de los referidos informes se infiere sin embargo una nueva limitación de la posibilidad del recurso en el juicio verbal civil (hasta 6.000 €) a la par que se eleva la cuantía mínima para poder recurrir en casación ante el Tribunal Supremo de 150.000 € a nada menos que 800.000 €. Tales medidas se suman a la actualización al alza de la “tasa Caamaño” para cada recurso y el traslado al fiscal de la instrucción de las causas penales sustrayéndola al Juez de Instrucción, lo que constituirá la principal novedad de la reforma de la Ley del Enjuiciamiento Criminal que se enmarca en este nuevo consenso sin que ni un solo partido cuestione su impacto en el régimen de derechos y libertades individuales. ¿Será este el clamor de los “grupos sociales” que nos refieren los delegados de los partidos en el gobierno de la Justicia?