De nada sirve diagnosticar la enfermedad si no se aplica el tratamiento necesario. Tres días, tres, han necesitado los jueces Decanos reunidos en Toledo a instancia del CGPJ para darse cuenta de que sin independencia presupuestaria de la Justicia, plantearse su separación orgánica y funcional del poder político que señorea su peculio resulta una cuestión irresoluble. De esta manera, en las conclusiones de las XX Jornadas Nacionales de Jueces Decanos se destacó la alta dependencia que el mal llamado poder judicial tiene del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas, que “es y será lo que le permita el poder ejecutivo central o autonómico, pues depende de su mayor o menor generosidad presupuestaria”. Según el cónclave de Magistrados dicha dependencia ha supuesto “un desequilibrio institucional que ha redundado en perjuicio del poder judicial” al punto de considerar que “ha llegado el momento de cuestionarse seriamente si interesa al poder ejecutivo una administración de justicia eficaz y si el sistema puede seguir funcionando dentro de este esquema”.   A la vista de tales declaraciones diríase que los señores Decanos son asiduos lectores del Diario Español de la República Constitucional, sino fuera porque todo ese arrojo para denunciar su dependencia económica del poder político se queda sólo en unas conclusiones de rutinaria reunión interna, esperando a que sea otro quien ponga el cascabel al gato. Todo menos la rebelión contra quien suministra económicamente la dignidad de su cargo. La docilidad última queda a las claras en la propia redacción del texto, al referirse a la necesidad de una “mayor” autonomía presupuestaria para “reforzar” así su independencia institucional, como si existiera alguna autonomía económica o alguna independencia que reforzar. No sea que los jefes se enfaden.   Lo peor de todo es que de declaraciones como éstas se concluye que la impavidez judicial no es simple ignorancia sino aquiescencia con el rol asignado en la Gran Mentira institucional. Lo realmente escandaloso es que, como en las últimas movilizaciones de jueces que llegaron incluso a la huelga, sólo se agite la verdad para la obtención de beneficios de orden laboral y, una vez conseguidos, se esconda de nuevo, volviendo a un tancredismo miserable que reduce toda la problemática de la Justicia a una simple cuestión de adecuada provisión de medios técnicos y materiales, mendigando un trozo de pan duro a sus amos. Así es imposible impartir Justicia con dignidad.