Los vetos del Gobierno a la simple tramitación de 22 enmiendas a las Presupuestos Generales del Estado, contra la congelación de las pensiones, han renovado los fariseísmos mediáticos y las protestas mendaces de los opositores al Poder. ¡Zapatero es el gobernante que más ha utilizado el derecho de veto en el Parlamento: 79 veces!   La mayor parte de los votantes escogen a un partido estatal para que ponga la fuerza del número al servicio de ideas y valores, para que transforme el poder ciego de la cantidad en razón de gobierno de la calidad. Pero una vez entronizado, el partido de turno oligárquico pone todas las ideas y valores al servicio de la fuerza gubernamental; impone la cantidad en los lugares de la calidad; dispone de todo el poder para sí y, en consecuencia, se convierte en “déspota” que gobierna con la razón exclusiva de la fuerza.   No hacía falta sufrir el “felipismo” para comprobar la innata perversidad institucional del Régimen: la impunidad de las mentiras del Gobierno en la supuesta sede de la soberanía popular; la aplicación de la regla de la mayoría, fuera de su ámbito legislativo, como rodillo que aplasta a las minorías; la prohibición al Parlamento de toda investigación fiable de las corrupciones de partido ¡en un régimen partidista! No hacía falta la experiencia del “mal de mayoría” para saber por anticipado que, sin cautelas constitucionales para evitarlo, lo que llaman democracia puede hacer superfluo el despotismo de la dictadura.   Madison y Jefferson, fundadores de la democracia moderna, denominaron “despotismo electivo” a un régimen constitucional sin división y sin contrapeso de poderes, sin garantías del derecho de oposición de las minorías al poder de la mayoría. Esta es la situación creada por la Constitución española de la transición, prevista para un régimen oligocrático sin mayorías absolutas.   Basta que se produzca la “anomalía” de que un partido obtenga esa mayoría para que la oligocracia partidista se transforme en una despótica monocracia electiva. El Parlamento queda invariablemente sometido al dictado del Gobierno, a la inmoral conveniencia del partido estatal reinante de que no se investigue la corrupción en su propio seno o de que no se estorbe su dominio legislativo y su arbitrariedad ejecutiva.