El Pleno del Congreso ha acordado tramitar la proposición de ley de los dos partidos mayoritarios y los nacionalistas de CiU y PNV para revisar la vigente legislación electoral. IU y UPyD expresaron airadas protestas contra la reforma al juzgarla insuficiente, postura a la que se unieron ERC y CC, mientras que el BNG se abstuvo. Entre las novedades figura la exclusión de los residentes en el extranjero en las elecciones locales y la posibilidad de ejercer el voto emigrante en el consulado correspondiente para el resto de convocatorias. Sin embargo, lo más notable de la reforma es el refuerzo del arraigo del candidato a la lista en la que se incluye mediante la adscripción definitiva del escaño al partido con la excusa de evitar el transfuguismo. La reforma contempla también una ligera variación de los criterios de proporcionalidad tanto en la atribución de escaños como en la de los tiempos televisivos, así como, y es la principal queja de IU y UPyD, la exigencia de un aval testimonial de firmas a las formaciones sin representación parlamentaria que opten a escaños en Cortes.   Todos estos cambios se basan en las recomendaciones de la Subcomisión del Congreso que a lo largo de casi dos años ha venido trabajando en el asunto bajo la presidencia de D. Alfonso Guerra en una amplia revisión de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que data de 1.985, mismo año en que el propio D. Alfonso declaró difunto a Montesquieu con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que él mismo dirigió y que dejaba en manos de los partidos el control de la Justicia.   Si es cierto que la reforma asienta aún más el bipartidismo y el protagonismo de los partidos como únicos agentes políticos reconocidos aumentando la distancia entre la sociedad civil y la política, las protestas de IU y UPyD denotan una patética manifestación en la reclamación de su parte del pastel exigiendo más o distinta proporcionalidad en el sistema de integración de masas en la élite partitocrática en lugar de interesar criterios de verdadera representación ciudadana a través de la elección mayoritaria por distrito electoral. Eso sí, perdura el consenso sobre el mantenimiento de la jornada de reflexión, para que los votantes puedan reflexionar un día y permanecer ausentes de la vida pública otros tres años y trescientos sesenta y cuatro días más.