P. de Justicia (foto: ojos que ven) Protección judicial Cada vez que se alega, cuando brota el escándalo ocasional ante la permanente corrupción pública, falta de pruebas fehacientes; cada vez que los que hacen y deshacen las listas se remiten a una decisión judicial cuando se les echa en cara la desvergüenza de incluir en ellas a personajes que se han ganado con creces el repudio social; cada vez que el parlamento rechaza comisiones de investigación o hace el paripé de aceptarlas conociendo su irremisible inutilidad en una Cámara de lacayos de los partidos estatales.   Asimismo, cada vez que se pide a los órganos de expresión que tengan mentalidad de jueces para opinar sobre el decoro de las relaciones políticas entre gobernantes y gobernados; cada vez que se dice a los ciudadanos que suspendan su juicio hasta conocer el fallo de los Tribunales, se está agrandando el proceso de ruptura de los lazos morales y culturales que mantienen viva una comunidad nacional.   En esta dilución de los vínculos comunitarios reside la causa de la corrupción. El proceso degenerativo echa sus raíces en los recursos extraordinarios a que acude el poder para suplir su falta de legitimación para ejercerlo, como lo hace, sin control de otro poder que lo frene.   La dictadura recurre al Estado policial. La dominación oligárquica de los partidos ha recurrido al Estado judicial,  que  es otra forma represiva de concebir el orden social. En ambos casos se confunde lo normal con lo patológico, el orden moral con el orden penal.   Entre una y otra forma de dominación la diferencia estriba en lo que exige la prudencia para vivir confiados. Antes, los abusos de la dictadura se apoyaban en la dificultad de eludir la vigilancia de la policía. Ahora, los de este régimen, en la dificultad de probarlos judicialmente. Donde no hay demostración judicial (y jueces sojuzgados) hay impunidad. Otra cosa son los ajustes de cuentas entre las organizaciones del poder incontrolado, sus chivos expiatorios y las ambiciones mal medidas (Conde). Esta nueva ideología forense sostiene en el poder a los oligarcas y en la corrupción a la sociedad. En esta ideología se basa el poder del crimen organizado. La conducta ejemplar en el Estado judicial, la del burlador de la prueba, es la de Al Capone.   Conforme al concepto estricto de Derecho y a la etimología común de ambos vocablos, la legalidad ha de coincidir con la legitimidad. Por eso, en esta ilegítima Monarquía de Partidos, en este Estado antijurídico, la “protección especial” (personajes que no pueden ser estigmatizados o que cuentan con un crédito ilimitado o una doctrina ad hoc) está reservada a los que están entrelazados política y económicamente en una “Casa”, que desde luego no es la nuestra, la de los indefensos ciudadanos.