Antonio Gutiérrez (foto: rtve) Deontología diputacional En las tertulias radiofónicas y televisivas, así como en las columnas de opinión de la prensa más leída y vendida, imperan esos “tuttologos” de los que hablaba Bourdieu: tanto más autorizados a pontificar sobre todo cuanto más cercanos al poder. Aunque su verborrea se corresponde con un profundo analfabetismo político, detentan el privilegio de los que poseen medios para actuar de un modo que pasa por adulterar el lenguaje y por su capacidad de lograr que los gobernados acepten una representación de la realidad que sirva a los fines de la oligarquía. Volviendo al pensamiento del sociólogo francés, el poder simbólico es ante todo aquel que induce a los dominados a percibir y describir las cosas como tienen interés en que las vean quienes ocupan posiciones dominantes.   La mala conciencia sindical le ha jugado a Antonio Gutiérrez una mala pasada parlamentaria. Su tibieza abstencionista en la convalidación del decreto ley sobre la reforma laboral le acarreará una sanción interna por romper la sagrada disciplina de voto que impera en este régimen impenitentemente antidemocrático. Pero la multa es lo de menos: Gutiérrez ya está en la lista negra de los que no han rendido vasallaje al Señor del Partido, y por tanto su exclusión de las próximas listas certificará el destierro de la tierra de promisión estatal. No importa la irrepresentación inherente al sistema electoral vigente; rogando al cielo de las buenas intenciones o apelando a una Constitución cuya prohibición del mandato imperativo se incumple soberanamente por los aparatos partidocráticos, la confusión mediática destaca el bello gesto del ex secretario general de CC.OO. que, dominado por una “buena conciencia”  política,   no   ha   comprendido  el papel asignado a los diputados en la monumental farsa que se monta en el “templo de la soberanía popular”.   El tránsito pacífico del liberalismo al fascismo se llevó a cabo eliminando de los asuntos de Estado la exigencia de “jurisdicidad”, de la juris-dicción, resultando un juego de niños suprimir el principio de legalidad constitucional. La dominación política de la cosa pública y de la privada (bautizada por Sièyes con el nombre de Re-total en oposición al de Re-pública), fundó el totalitarismo soviético en la producción de legalidad por un parlamento de funcionarios pagados por el Estado, designados por el Partido y escogidos por los súbditos.   Cuanto más “deontológicos” sean los diputados de lista, sin otro oficio ni beneficio que el de legislar sobre todo sin controlar nada, mayor será su productividad (número de leyes por hora de trabajo). La proliferación legislativa, disminuyendo la calidad y la seguridad jurídica, transforma el imperio “de” la ley en imperio de los legisladores, es decir, en imperio “por” la ley, de quien nombra (como diputados de oficio en un Estado inconstitucional con muchas leyes y ningún derecho) a sus legisladores a sueldo.   Desgraciadamente, un mejor conocimiento de los asuntos políticos puede fomentar, en lugar de un esfuerzo de emancipación, el cinismo y la resignación que cimentan el despotismo. Pocas cosas hay a las que el hombre público de hoy en día se acostumbre tan fácilmente y que termine pareciéndole tan natural como la inconsecuencia. Pensar de una manera y actuar de otra es el hábito consagrado por los oficiantes de la partidocracia.