El nombre del jurista alemán debería estar presente en todos los medios de comunicación y correr de boca en boca entre los intelectuales europeos y españoles. Pues a él se debe la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán que consagró a los partidos políticos como órganos del Estado. Solución jurídica y política enmarcada expresamente en el contexto de la Guerra Fría pero que ha llegado hasta nuestros días por lo beneficiosa que ha resultado ser para la oligarquía europea e hispana. La élite de los negocios bancarios, financieros e industriales sigue teniendo a su servicio a los partidos políticos, también en la actual crisis económica, para acabar con la representatividad de los electores en el Parlamento y silenciar la voz del pueblo que siempre paga las crisis de los poderosos.
Los jefes de los partidos, entre ellos Ángela Merkel y, a sus órdenes, Rodríguez Zapatero, pueden tomar las pertinentes decisiones de política económica y financiera, que reduzcan el Estado de bienestar, porque son plenamente conscientes de que, en verdad, no representan a sus electores y que éstos no tienen una constitución y unas leyes que definan correctamente lo que es un partido político en un sistema con gobierno democrático.
Los partidos políticos, con toda sencillez y humildad, deben volver a ser simples formas de organización en la vida política ¡y que sean los candidatos elegidos por la mayoría de cada mónada, o distrito electoral, de la república los que representen auténticamente al electorado, ya que los partidos, por sorprendente que parezca para el régimen político actual y para sus defensores, no representan a los ciudadanos, éstos sólo pueden ser representados políticamente por personas que respondan ante ellos mismos (los electores, y no ante el jefe del partido) ! Hasta que tal cosa no ocurra la “ocurrencia” de Gerhard Leibholz será un obstáculo (un muro infranqueable como el muro de Berlín o el de Gaza) para tener un gobierno democrático y para la libertad política de la sociedad civil.
La idea jurídica del Estado de partidos se quiso identificar en los años treinta del siglo pasado (durante la República de Weimar) con la democracia liberal, confundiendo, desde entonces, la idea de Estado con la de Gobierno. La falsa justificación que se dio entonces, al igual que ahora, es la necesidad de un poder ejecutivo más eficaz y eficiente que se adapte a la nueva sociedad y a sus nuevos problemas económicos y financieros. Pero la experiencia histórica demostró que el Estado de Partidos derivó inmediatamente en la forma política del Estado de Partido único: el fascismo italiano y el partido nazi alemán. El jurista Gerhard Leibholz rechazó, en un principio, la idea del Estado de partidos ya que, obviamente, significaba la destrucción de la representatividad de los ciudadanos en el poder legislativo; sin embargo, después de su exilio, del holocausto, de la segunda guerra mundial, y en plena guerra fría, era muy útil para la Alemania Federal aprovechar la teoría del Estado de partidos y prohibir la legalidad del partido nazi y del partido comunista, por lo que la idea de la partitocracia vuelve con fuerza en la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán que consagra la idea del Estado de partidos plural, pero que en esencia se reduce a un Estado de dos o tres partidos metamorfoseados kafkianamente en órganos del mismo Estado.
Los intelectuales y medios de comunicación españoles, por otro lado, ignoran que la Constitución española de 1978 obedece al criterio jurídico de dicha sentencia germana. Creen ilusamente que la constitución fue el producto de la lucha por las libertades y la democracia. La constitución reconoció alguna libertad, sí, pero no la libertad política ni la democracia. Lo que se aplicó fue la sentencia de Gerhard Leibholz, aunque con una “mejora” típicamente carpetovetónica: la legalización del partido que lideró la protesta contra Franco y el franquismo para, a la misma vez, destruirlo. Y así fue porque la legalización del PCE implicaba, en realidad, su desaparición en la práctica del escenario político al renunciar a la República y a sus movimientos sociales y ciudadanos que reclamaban representatividad del pueblo en el Parlamento.
