Campaña murciana contra la economía sumergida   Sumergidos y ahogados   Dejando a un lado la oportuna labor de beneficencia de ciertas organizaciones, la brutalidad con que la crisis económica está golpeando los hogares españoles resultaría insoportable sin el concurso atenuador de dos factores, ambos en ocasiones interrelacionados: los lazos familiares y la economía sumergida. Aquí nos interesaremos por ésta última.   Por su propia definición, no puede haber datos concretos que delimiten el campo y el volumen de la economía sumergida. Existen, no obstante, estimaciones acerca de ello. Según el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA), supone el 23% del PIB, esto equivaldría a unos 208.000 millones de euros. O sea, un apetecible pastel para un Estado sobremanera endeudado. Pero analicémoslo desde el punto de vista del ciudadano común.   Aparte de alimentos perecederos, principalmente frutas y verduras, en los que la intermediación y el transporte multiplican su precio, ¡hasta centenares de veces el coste de producción!; suele acudirse a la transacción irregular entre particulares de manera puntual. Lo usual es ahorrarse el IVA en algunos servicios ocasionales, generalmente domésticos abonados por horas (también la seguridad social), reparaciones y otras chapuzas; pero lo realmente trascendente son las obras y reformas en viviendas privadas, que no se facturan para esquivar el citado impuesto o no se hace por su importe íntegro. Está claro que esta iniciativa parte de la demanda —la Ley de Say, o aquello de que la oferta crea su propia demanda, es un cuento chino—. Formalizar legalmente el servicio carece de utilidad, porque ello no sirve como garantía de calidad que pueda reclamarse al arbitrio estatal. Dicho de otra manera, los derechos de los consumidores al respecto son absolutamente indiferentes a la jurisdicción, lo que convierte el IVA en algo gravoso sin ninguna contrapartida. A las empresas, ello les termina por dar igual  si  les añade actividad (salvo aquellas que han nacido a la luz de semejante modus operandi, para las cuales sería imposible afrontar el impuesto sin comprometer su subsistencia). Las medidas del Gobierno, poniendo ahora el caramelo de la desgravación fiscal para reflotar parte del sector, confirman esta impresión de la situación.   Este fenómeno es una muestra más de la estúpida hiper-normalización de las relaciones sociales. Los inútiles —naturalmente, para la sociedad— diputados de lista no pueden dedicarse a otra cosa que a fabricar —como si así se justificaran— una abundante legislación, tan irreal como innecesaria cuando no perniciosa. De todas formas, las leyes están ahí; y, habida cuenta de la inseparación de poderes en el Estado de Partidos, la mayoría parlamentaria, con sus correas de transmisión al gobierno de la judicatura, podrá exigir discrecionalmente su cumplimiento a quienes no sean de su cuerda, o disponer de esta amenaza permanente como chantaje. Igual que en el medievo, la sociedad es piramidal respecto al poder feudal de los partidos, solo que los siervos pueden influir en la relación según la proporción de su obligatorio refrendo a estas organizaciones estatales.   Para el asunto que nos ocupa, la citada GESTHA asegura que el Fisco podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en España. En vez de dedicarse a ello, lo que podría comprometer la actividad, replica a los Técnicos que no existe una metodología para realizar cálculo alguno sobre la economía sumergida. La Agencia Tributaria se ocupa, eso sí, de mandar borradores de la Declaración de la Renta premeditadamente mal hechos —es muy habitual que no figuren los ingresos dinerarios, con lo que tampoco haya retenciones— para, a ver si cuela, ahorrarse canallescamente la devolución pertinente. Esto, ¡encima a costa de los segmentos más pobres y/o menos ilustrados de la sociedad! A los siervos de la gleba, al menos no se les engañaba.