El juez Baltasar Garzón atraviesa el punto más delicado de su carrera judicial al ser imputado en dos procedimientos. Uno por abrir causa general contra el franquismo y otro por los polémicos cursos que impartió en Nueva York. En el primero de ellos el Alto Tribunal ya ha ratificado que existen indicios suficientes como para que sea acusado de prevaricación. Es en esta coyuntura cuando un grupo de amigos del juez estrella, alentados por el decano de los jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y la fiscal Dolores Delgado, han tomado la iniciativa de recoger firmas para proponer al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que solicite la concesión para Garzón de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, distinción creada por Franco el 23 de enero de 1944 y destinada a aquellas personas que hayan contraído “relevantes méritos” en el servicio a la Justicia. Los garzonistas mantienen que el magistrado ha realizado una “extraordinaria” aportación “desde parámetros legales y constitucionales”.   El ambicioso juez, juguete desechable del Poder, llega al momento de máximo equilibrio en las cuerdas de la Justicia del Estado de poderes inseparados: suspendido entre el encumbramiento del “superjuez” y un posible procesamiento. En caso de que todo prosperara podríamos hallarnos ante un reo recompensado con la máxima condecoración existente en el mundo del Derecho en virtud de su “extraordinaria” aportación a la causa de la oligocracia.   La máxima proeza de Baltasar Garzón, amén de su celo para cazar chivos expiatorios de la corrupción del propio régimen y de ver cómo se le escapan los narcotraficantes, ha sido abrir causa general contra el franquismo en connivencia con las ARMH. Junto a estas asociaciones, creadas fraudulentamente por la partitocracia y fundadas gracias a documentos e información privilegiada heredada del franquismo por el PSOE, ha hecho que por una parte se hayan exhumado cadáveres de fusilados de la Guerra Civil, con todo lo que ello conlleva, incluido que finalmente se especulara con los terrenos, y por otra la más repugnante de las acciones emprendidas desde el paso de la dictadura a la oligocracia: la desmemoria histórica. Para ello se han alterado trazados arquitectónicos de pueblos y ciudades; se han sustituido nombres de calles por los de hombres que dieron su vida por la República, con el pretexto de que es una manera de devolverles la “dignidad” y se han inventando sus vidas hasta límites insospechados relacionando esas biografías con la “democracia actual”; se ha promovido que muchos descendientes hayan acudido a los centros oficiales a buscar datos de sus seres queridos desaparecidos, para que finalmente sólo estuvieran disponibles aquellos que a quienes gobiernan interesaban. Y lo más aberrante de todo es que han continuado,  con más dureza si cabe, que cabe, con la estigmatización y la correspondiente caza de brujas realizadas por el franquismo a las familias republicanas verdaderamente demócratas.   No tengo la menor duda de que el juez merece la condecoración y la cárcel.