Justicia amedrentada Las cuatro Jueces de Familia de Sevilla han apoyado públicamente a su compañero D. Francisco Serrano declarando que las críticas contra él vertidas desde el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial son un simple intento de amedrentarle y comprometen su derecho a la sana crítica. La indignación de las cuatro jueces expresada a la agencia EFE en un comunicado se subraya porque tales opiniones se emitan “por quien mejor conoce la problemática”.   El Juez Serrano ha lamentado varias veces que los estudios y estadística ofrecida por el Observatorio de Violencia de Género se realicen siempre conforme a las sentencias condenatorias dictadas, sin tomar en consideración en modo alguno las denuncias que se archivan. El lunes de la semana pasada dicho Observatorio respondió con otro comunicado que los análisis del magistrado “carecen de rigor” y resultan “inadmisibles”, amenazándole directamente con un preaviso poco menos que garzónico consistente en que tal manifestación de inadmisibilidad se efectuaba “sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse”.   Ahora las jueces de Familia de Sevilla responden que cualquier ley, informe del CGPJ o sentencia puede ser objeto de “crítica constructiva y razonada” y que el Observatorio de Violencia de Género “debe ser consciente de que hace una función pública y que puede ser sometido a la crítica” y que por ello sus manifestaciones públicas contra Serrano “suenan a amedrentamiento”. El Juez, que también ha llamado la atención en otras ocasiones sobre el gran número de denuncias falsas que favorece la Ley Integral contra la Violencia de Género, refleja en sus declaraciones según las togadas “algo que los jueces vemos todos los días, porque no siempre el malo es el padre o la madre, sino que en la vida real cada caso es diferente”.   El reproche al Juez Serrano sería anecdótico o esperado incluso si proviniera del cuerpo legislativo que aprueba la norma, pero que lo efectúe el propio CGPJ pone de manifiesto tanto el carácter político de su composición y actuación como su función de servir de control remoto sobre el mundo judicial de esos criterios coyunturales y tan poco objetivos como son la políticas de partido traducidas en moda legislativa. Esa inseparación de poderes que, en este particular caso concreto, supone que cualquier operador jurídico o asociación que quiera pronunciarse sobre el asunto se encuentre ya preavisado de ser borrado del mapa.