La asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) ha elevado una queja al Consejo Consultivo de Jueces del Consejo de Europa al estimar que en España se está viviendo un proceso de contaminación política del Poder Judicial y una “ocupación progresiva del espacio judicial”. Al parecer, el FJI ha caído en la cuenta de ello en su VI Congreso Nacional, celebrado recientemente en Gran Canaria, donde tomó la determinación de dar novedad de la situación a las autoridades comunitarias. En el comunicado por el que participa al resto de los mortales de su iniciativa, nos informa, que la independencia del Poder Judicial en España se encuentra en “muy preocupante estado ya que el proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1.985 inició el poder político dominante, aún no se ha detenido ni alcanzado sus últimos objetivos”. El descubrimiento con el que nos ilumina FJI es ilustrado con ejemplos tan desconocidos e insospechados como que “el control de los partidos políticos parlamentarios del nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sigue teniendo una política de nombramientos alejada de los principios de mérito y capacidad”, o que, sorpresa, sorpresa, “la Fiscalía depende del Poder Ejecutivo y no tiene organizada su independencia judicial”.   No sabemos si Sus Señorías del FJI leerán este Diario, ni si son conspicuos estudiosos de la obra de García-Trevijano, pero parecen muy satisfechos de haber descubierto por fin tras sesudas deliberaciones el origen y fuente de los males de la Justicia patria. Pero que nadie se emocione pensando en la rebelión cívica de las puñetas. Recordemos que FJI fue la asociación que capitaneó la primera huelga de jueces de nuestro país, para luego abandonar a las primeras ofertas ministeriales de sueldo y vacación. Por un lado, remontan el pecado original a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.985, cuando el vicio capital es tan anterior y básico como una Constitución, la de 1.978, que no divide los poderes del Estado en origen, texto primordial que sin embargo es invocado como tabla de salvación por FJI, refiriendo la necesidad de retomar “el sistema de división de poderes diseñado en la Constitución”, cuando tal texto instituye un solo poder dividido funcionalmente. Por otro, y ante la ausencia de un verdadero Poder Judicial, ofrecen como solución una simpleza tal como que “los jueces tienen el deber ético de defender la independencia y el instrumento efectivo más importante es la unidad judicial mediante la creación de un nuevo modelo de asociación donde tengan cabida las distintas sensibilidades y opiniones”. Es decir en lugar de proponer los mecanismos institucionales inteligentes que garanticen la separación de poderes, se confía la solución a la honradez y ética personal de los jueces y al consenso de los parasindicatos judiciales. Sólo les ha faltado pedir más medios materiales a Caamaño.