El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la personación del Partido Popular nacional como acusación particular en el “caso Gürtel” en el que se investiga una presunta trama corrupta de empresas que salpica a administradores del partido que preside Mariano Rajoy. Obviando el evidente conflicto de intereses en que se incurre al integrar al PP en el proceso como parte acusadora, el Tribunal admite dicha personación estableciendo como garantía de la buena fe procesal del partido la obligación de constituir la ridícula fianza de 1.500 euros. La flexible interpretación de la Sala del Artículo 24 de la constitución y del derecho a la defensa se fundamenta en que el PP no figure en la causa como acusado nominalmente, sino que tal cualidad únicamente recae sobre los administradores de las empresas Especial Events, S.L., Easy Concept, S.L. y Good & Better, S.L. que son respectivamente D. Francisco Correa, D. Pablo Crespo y D. Antoine Sánchez.   Así mismo el TSJM ha admitido también la personación como acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas, fijándose también una fianza de 1.500 euros. La admisión de ambas personaciones puede ser curiosamente objeto de recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de manera que estalle el esperpento procesal de que las partes acusadoras traten de excluirse mutua y recíprocamente del proceso invocando los espurios intereses de sus compañeros de estrado. La cuestión no es baladí dado que la personación en legal forma en la causa permite acceder al contenido de las actuaciones además de interesar cuantas actuaciones estimen oportuno en el seno del proceso orientando así la labor instructora.   Si hace apenas un mes el conocimiento público de la comida que el Presidente del TSJM, D. Francisco Javier Vieira, mantuvo en un restaurante de la capital con el Consejero de Justicia y Secretario General del PP madrileño D. Francisco Granados se intentó justificar por ambos como algo lógico para el beneficio y buena marcha de los aspectos administrativos de la Justicia madrileña, la paradójica actitud procesal del Tribunal en un asunto que implica a alcaldes y dirigentes populares desdibuja una vez más la frontera entre lo judicial y político cuando no existe separación de poderes.   El escándalo, que es equivalente a haber aceptado la personación como acusación particular del PSOE en los casos GAL o FILESA, ha pasado desapercibida sin embargo en la mayoría de los medios. La cuadratura del círculo de la inseparación consigue así que no sólo los partidos nombren a quien ha de juzgar o decidir quién ha de sentarse en el banquillo de los acusados, sino que también eligen al Fiscal y exigen un sitio en la acusación que dócilmente se les concede.