Cuanto más corrompida institucionalmente se encuentra la Justicia, más elevada se pretende aparentar la honestidad personal de sus titulares y la excepcionalidad de los comportamientos indecentes. Algo tan natural como debería ser la dignidad inherente a quien tiene potestad estatal sobre las vidas y haciendas de sus conciudadanos, resulta imposible cuando se sabe y acepta el control de la elección de cargos y decisiones judiciales con sometimiento absoluto al poder político. Por eso el comportamiento personal del corrupto además de la natural vergüenza que ha de causar, resulta inconfesable y se reduce a la mera anécdota.   El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado que el juez Javier de Urquía pierda el destino que ocupaba en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella después de que el Tribunal Supremo le haya condenado a veintiún meses de suspensión por un delito de cohecho, absolviéndole sin embargo del de prevaricación por el que también y de forma principal venía siendo acusado con una solicitud de condena del fiscal de dos años de prisión y siete de inhabilitación, además de una sanción económica.   De Urquía entrando en los Juzgados (foto: El Mundo) En la misma causa, el ex asesor urbanístico del consistorio marbellí Juan Antonio Roca ha resultado condenado únicamente a pagar una multa de 36.900 €. En su Sentencia, el Tribunal Supremo justifica la levedad de las condenas en que, aunque se considera probado que De Urquía pidió dinero a Roca para pagar la entrada de una vivienda a cambio de un trato judicial favorable, no se acredita que la resolución dictada con mediación de dádiva fuera efectivamente injusta. Según los hechos declarados probados en los primeros meses del año 2.006, De Urquía, que quería comprar una vivienda en la urbanización Azalea Beach de Marbella, pidió dinero a Roca para abonar la cantidad que se le exigía a la firma del contrato de compraventa. A cambio el Magistrado dictó un Auto por el que accedía a la petición del asesor marbellí de suspender cautelarmente la emisión de un programa televisivo alusivo a distintas actividades de Juan Antonio Roca, “sin diligencia probatoria alguna” según la resolución finalmente dictada. Según la sentencia, Roca entregó a De Urquía 73.800 €, justo el dinero necesario para la firma del contrato de compraventa, al día siguiente de que el magistrado admitiera a trámite la querella sobre el reportaje presentada por Roca en su Juzgado y estimar su petición de suspensión cautelar sobre la emisión.