Puño de hierro en guante de seda. El Ministro Caamaño ha comenzado su andadura ministerial dando muestra del consabido talante gubernamental para intentar apaciguar el crispado mundo judicial. Se busca una imagen dialogante que sirva de contraste con su predecesor, D. Mariano Fernández Bermejo de métodos expeditivos y rudos modales. Sin embargo tras la amable imagen del nuevo Ministro se oculta la misma sustancia de inseparación y dominación que se demuestra en la brutalidad conceptual de sus melosas declaraciones públicas. Los pocos días de mandato del nuevo patrón de la Justicia han servido para dejar perlas impagables.   Ministerio de Justicia (foto: notrenemesis) El contenido de la primera comparecencia de Caamaño desde su toma de posesión ante la Comisión de Justicia del Congreso acredita lo dicho. Tras reducir los problemas de la Justicia patria al recurrente tópico de la falta de medios, justificó su mayor dependencia administrativa como solución, avalando la propuesta de desjudicialización de los registros civiles como para acabar con el atasco de estos órganos jurisdiccionales. De igual forma el Ministro, ante la incomprensible pasividad de Sus Señorías, apostó por “abrir una reflexión” sobre la posibilidad de reducir “el complejo y nutrido sistema de recursos judiciales que provocan dilaciones” como método de agilización de la Justicia. Es decir, para evitar el atasco judicial, directamente se reducen las garantías jurisdiccionales de los justiciables limitando su derecho a la defensa. Tan expeditivo método de simplificación que su predecesor en el cargo no se atrevió a proponer, viene a agravar la ínfima calidad del sistema de garantías jurisdiccionales de nuestro país, que ha recibido ya el reproche explícito de Naciones Unidas al no garantizarse ni siquiera la doble instancia judicial en los delitos más graves dado el carácter extraordinario del recurso de casación.   Para finalizar, el señor Caamaño tratándose de ganar a las asociaciones judiciales finalizó su intervención vinculando el principio de autoridad judicial con el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral de los Magistrados. Ni corto ni perezoso, afirmó la necesidad de avanzar en esa materia refiriendo como a día de hoy la autoridad social con que se encuentran investidos los jueces no compensa, como parece insinuar que si lo hacía en el pasado, con la pérdida del goce en las relaciones personales y familiares que toda persona ha de disfrutar. Que se sepa a día de hoy ninguna de esas asociaciones de jueces ha protestado por tan indigna compensación. Tres botones de muestra que deben servir para que nadie se lleve a engaño sobre la vieja estrategia de policía bueno, policía malo.