Según el Ministerio de Economía y Hacienda, el conjunto de las Administraciones Públicas cerraron los presupuestos del ejercicio 2008 con un déficit de 41.874 M€, el 3,82% del PIB, consecuencia del saldo negativo del Estado (2,74), de las Comunidades Autónomas (1,45) y de las Entidades Locales (0,39) parcialmente compensado con el saldo positivo de la Seguridad Social (0,76). Además el endeudamiento acumulado se incrementó hasta alcanzar el 39,4% del PIB. Pensemos que el cierre del ejercicio 2007 se realizó con un superávit de 23.250 M€, 2,21% del PIB, cifras que los gobernantes de turno nos recordaron hasta la saciedad para presumir de su gestión. Así que la caída ha sido brutal: 65.133 M€, un 6% del PIB. &nbsp En este panorama la Administración Central ha asumido la mayor parte del coste de la crisis ya que sus ingresos no financieros se han reducido en un 18,2%, entre los que destacan el Impuesto de Sociedades (-39,1%), el IVA (-14%), el IRPF (-1,8%) y los Impuestos especiales (-1,1%), debido al impacto de la crisis económica sobre la economía de los contribuyentes, de las rebajas fiscales efectuadas y del mantenimiento de su nivel de gastos (en algunos casos han aumentado: desempleo, financiación territorial o servicio de la Deuda Pública). En esta situación de crisis la lógica presupuestaria aconseja una moderación en los gastos públicos consuntivos de acuerdo con los ingresos esperados y una expansión en aquellos gastos de inversión que compensen el retraimiento de la inversión privada y mitiguen los efectos de la recesión. El mismo Presidente del Gobierno ha proclamado en alguna ocasión la importancia de hacer un gran esfuerzo de austeridad. Pero las realidades públicas caminan por senderos muy distintos ya que ningún gestor público adopta iniciativas de las que se pueda deducir esa tendencia. El mismo Consejo de Ministros hace gala de esos principios acordando reducir los gastos corrientes en 1.500 M€ y posteriormente la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, viaja a Barcelona con un séquito estatal, como si fuera “Sissi Emperatriz”, para asistir a la reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalidad de Cataluña y ofrecer a ese Gobierno autonómico un regalo de 800 M€, que se añadirán a los 4.000 M€ que piensa invertir el Estado en dicho territorio durante 2009, con la finalidad de hacer efectivo lo pactado en el nuevo Estatuto y así aplacar su rebeldía política y mantener a dicho territorio dentro de la “Confederación española”.   Pero no pensemos que el despilfarro del dinero público se localiza en esa autonomía, pues los demás territorios siguen sin aprobar ningún plan de austeridad digno de tal nombre, como si la disminución de ingresos tributarios no fuese con ellos. Su capacidad dilapidadora sigue intacta y si no pueden pagar lo que consumen, porque les llega poco dinero del Estado (según dicen ellos), dejan las obligaciones contraídas pendientes de pago, aunque con esas moratorias lleven a sus proveedores al borde de la suspensión de pagos.